La seguridad vial es un imperativo ético, pero la discriminación arbitraria es un retroceso democrático. El Ministerio de Transportes tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que la Ley Jacinta es una herramienta de protección para todos, y no una barrera infranqueable para quienes, a pesar de su condición, son conductores responsables y ejemplares.
La reciente promulgación de la Ley Jacinta (21.731) en febrero de 2026 ha abierto un debate necesario sobre la seguridad vial en Chile. Sin embargo, tras la noble intención de proteger la vida en las rutas, se esconde una zona gris que afecta a miles de ciudadanos: la estigmatización de los conductores con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1).
Hoy, para los más de 17 mil pacientes con DM1 en edad de conducir, obtener o renovar la licencia es una penalización arbitraria. El sistema nos castiga por una enfermedad genética o autoinmune que no elegimos, y que nos ha exigido un rigor clínico ejemplar, a la gran mayoría desde la más temprana infancia o adolescencia.
Por eso, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) enfrenta el desafío de redactar un reglamento que no confunda prevención con discriminación.
Sin embargo, el problema no es nuevo, pero se ha agudizado. Desde junio de 2020, bajo la Resolución Exenta N° 1.194, se estableció un instructivo técnico que igualó a todos los pacientes diabéticos bajo una misma vara: la restricción de la licencia de conducir a un máximo de 3 años.
Esta medida, aunque busca prevenir síncopes por hipoglucemia, ignora una realidad fundamental: la brecha abismal entre un paciente compensado y uno que no lo está. Para quienes tenemos DM1, que solemos ser “pacientes expertos” debido a la naturaleza de nuestra condición, esta norma se ha convertido en un una verdadera discriminación, sobre todo considerando que la ciencia y la tecnología han avanzado más rápido que la normativa chilena.
Hoy, para la obtención o renovación de licencia de conducir por parte de quienes tenemos DM1, sólo se solicita la certificación médica por parte del especialista tratante, pero nada pregunta, por ejemplo, sobre el uso del Monitoreo Continuo de Glucosa, que alertan en tiempo real al celular sobre tendencias de bajas de azúcar antes de que ocurran; o la bomba de insulina, un sistema que automatizan la corrección de niveles de glucemia en sangre.
A eso se suma que los pacientes Tipo 1 solemos tener un control riguroso de nuestra hemoglobina glicosilada (HbA1c), lo que reduce el riesgo de accidentes a niveles comparables con la población con diabetes Tipo 2.
Por eso, el desafío para las autoridades no es solo administrativo. Un reglamento moderno debería transitar desde la prohibición genérica hacia la evaluación individualizada, incluyendo la diferenciación técnica, el uso de tecnologías y un peso vinculante mayor de los informes de los médicos tratantes al de una simple declaración jurada.
Si un paciente demuestra estabilidad clínica y uso de tecnología de monitoreo, no hay razón técnica para negarle el período estándar de 6 años de vigencia. O al menos no para reducirla al mismo nivel que un paciente que no asiste a sus controles, no utiliza tecnologías o simplemente no se preocupa de su condición.
La seguridad vial es un imperativo ético, pero la discriminación arbitraria es un retroceso democrático. El Ministerio de Transportes tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que la Ley Jacinta es una herramienta de protección para todos, y no una barrera infranqueable para quienes, a pesar de su condición, son conductores responsables y ejemplares.
^Alexandra Chechilnitzky es periodista y paciente de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1)
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