El documento identifica deficiencias técnicas, falta de trazabilidad y rigidez operativa que, según el gremio, comprometen el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales.
En medio de la polémica por la excarcelación por error de Alberto Carlos Mejía, el venezolano imputado por el asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) remitió un informe a la Corte Suprema con una serie de observaciones y propuestas para fortalecer el sistema de tramitación penal y evitar fallos como el ocurrido en este caso.
La fuga de Mejía, quien utilizó una identidad falsa durante su formalización y permanece prófugo, motivó a la ANMM a elaborar un documento con 12 observaciones clave, justo cuando la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, anunció la elaboración de un protocolo para unificar la tramitación penal y garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
Aunque los jueces no tienen control directo sobre la gestión documental de los procesos, el gremio subrayó que existen obstáculos técnicos que pueden comprometer la correcta ejecución de medidas cautelares.
Según recogió La Tercera, uno de los principales problemas, señalan, es que cualquier error en un oficio judicial —como el nombre del imputado— obliga a anular completamente el documento y emitir una nueva orden.
Esta práctica puede generar una cadena de confusiones: una orden inicial defectuosa, una orden de libertad para anularla y finalmente una nueva orden de ingreso corregida.
Además, los magistrados advierten que no tienen acceso inmediato a verificar si las órdenes han sido notificadas correctamente, ya que el sistema no muestra esa información de forma clara al momento de firmar digitalmente.
Esta falta de trazabilidad, señalan, dificulta el control judicial sobre el cumplimiento de sus decisiones.
Otro punto crítico es la rigidez del sistema: los jueces solo pueden aceptar o rechazar los documentos que reciben, los cuales vienen en formato PDF no editable.
Si detectan errores, deben rechazar el oficio y solicitar su corrección a través de un funcionario, lo que suma carga administrativa y margen de error.
También se identificó como un riesgo la ausencia de comunicación directa entre el sistema judicial y Gendarmería.
Además, detallaron que las notificaciones dependen de horarios establecidos por la Unidad de Servicios, lo que impide una respuesta inmediata ante situaciones urgentes.
A esto se suma la falta de verificación biométrica en imputados que ingresan con RUT provisorio, un vacío crítico tratándose de personas extranjeras sin identificación oficial en el país.
En respuesta a estas deficiencias, la ANMM presentó ocho propuestas concretas, entre ellas: permitir la edición controlada de oficios con trazabilidad de cambios, implementar alertas visibles sobre órdenes de detención activas, establecer conexión directa entre el sistema judicial y Gendarmería, e incorporar verificación biométrica para imputados sin cédula nacional.
Otras recomendaciones incluyen la creación de un repositorio técnico accesible y actualizado, una mayor capacitación de los funcionarios en el uso del sistema UNIJUD, y reformas legales que permitan la revocación inmediata de penas sustitutivas en casos graves.
En su conclusión, la asociación subraya que los casos vinculados a crimen organizado —como el que involucra al Tren de Aragua— requieren controles reforzados y medidas excepcionales.
“El sistema debe estar preparado para responder con precisión y seguridad ante este tipo de amenazas complejas”, afirman.
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