En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, el diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, anunció este lunes que presentará una serie de indicaciones para reducir los presupuestos destinados a varias áreas del Estado, con el fin de redistribuir esos recursos hacia lo que considera “prioridades más urgentes” para la ciudadanía.
Entre sus propuestas destaca la disminución de fondos para el Ministerio de Desarrollo Social y de Cultura, además de una drástica reducción del presupuesto destinado al financiamiento de actividades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Arroyo, quien asegura representar a un sector de la población que considera que la seguridad pública, la inmigración irregular, las listas de espera en salud, las pensiones y la calidad de la educación son temas prioritarios, explicó que buscará disminuir a la mitad los presupuestos de los Ministerios de Cultura y Desarrollo Social.
Además, en relación con el INDH, el parlamentario propuso reducir su presupuesto a solo $1, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia áreas que considera más urgentes, como la seguridad pública y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
“Estos recursos deben ser utilizados para cosas más necesarias como contratar más soldados profesionales y reclutar más conscriptos”, sostuvo el parlamentario.
El diputado también defendió su postura en relación con el Ministerio de Cultura, señalando que, si bien reconoce la importancia de la cultura para un país, no la considera una prioridad para los sectores que representa.
“La gente prefiere salir a la calle sin temor a ser asaltados, que asistir a una obra de teatro callejera”, añadió.
Finalmente, Arroyo expresó su preocupación por las proyecciones técnicas del Presupuesto 2025, cuestionando la base y los resultados de los presupuestos anteriores. El legislador criticó lo que consideró una falta de resultados concretos de políticas públicas en áreas clave como seguridad, salud y educación, y enfatizó la necesidad de un ajuste en el uso de los recursos del Estado para abordar las verdaderas demandas de la ciudadanía.
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