La candidata oficialista advirtió que el hecho pone en riesgo la confianza en el sistema judicial y exigió máxima rigurosidad en las investigaciones penales, administrativas y financieras vinculadas al caso.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se sumó este lunes a las críticas por la inesperada liberación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato del empresario del barrio Meiggs, José Felipe Reyes Ossa, y presunto integrante de una organización criminal con vínculos con el Tren de Aragua.
El hecho, que ya ha generado un remezón político y judicial, ocurrió luego de que Gendarmería recibiera un oficio que dejaba sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra Ferrer.
La Fiscalía investiga si el documento fue adulterado o emitido como parte de un posible hackeo al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Desde la Región Metropolitana, Jara calificó lo ocurrido como un hecho “de máxima gravedad y muy escandaloso”, y advirtió que pone en jaque la credibilidad del sistema judicial.
“En primer lugar, pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones del sistema judicial y, por otro lado, deja en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad”, sostuvo.
La exministra del Trabajo subrayó la necesidad de actuar con celeridad y firmeza frente a este tipo de situaciones, señalando que se deben revisar a fondo los procedimientos y determinar responsabilidades en todos los niveles: “Las medidas que se han tomado en torno a perseguir la parte penal, la parte administrativa y, por cierto, la revisión de los procedimientos, es algo que no solo es esperable, sino que debe hacerse con la máxima rigurosidad y rapidez”.
En línea con su discurso contra el crimen organizado, Jara también aprovechó de insistir en la urgencia de seguir la pista financiera de estas redes delictuales: “Estamos ante una situación muy escandalosa y creo que amerita reiterar nuevamente la solicitud que hemos hecho para levantar el secreto bancario y perseguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales”.
El Gobierno y el Poder Judicial anunciaron investigaciones internas y un refuerzo en los mecanismos de seguridad institucional tras el caso.
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