En redes sociales, el alcalde de Maipú hizo un llamado a no desviar el foco del debate y planteó la necesidad de una reforma estructural al empleo público.
Polémica ha generado la norma que presentó el Gobierno para restringir el despido de trabajadores del sector público.
La disposición establece que estas desvinculaciones solo puedan realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos, fundamentos de derecho y criterios objetivos y acreditables.
La medida ha sido cuestionada por la oposición, que acusa un eventual “amarre” a meses del cambio de gobierno, al limitar la no renovación de funcionarios públicos a contrata.
En ese contexto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), se refirió a la discusión, llamando a no desviar el foco del debate y planteó la necesidad de abordar una reforma estructural al empleo público.
“Es evidente que todo funcionario contratado por confianza política tiene el deber de renunciar el 11 de marzo, entendiendo que no todo funcionario público contratado en determinado periodo de gobierno responde necesariamente a criterios políticos”, señaló.
En esa línea, agregó que “más allá de la legítima discusión de cuantos años son necesarios para obtener la confianza legítima, no podemos esconder la necesaria y urgente discusión de fondo, que es avanzar hacia una reforma y modernización al empleo público”.
También apuntó a problemas estructurales del sistema, afirmando que “la inamovilidad es un problema en el Estado, y urge una reforma al estatuto administrativo que busque proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, avanzar en procesos de evaluación de desempeño de funcionarios reales y exigentes”.
Finalmente, Vodanovic sostuvo que el debate debe considerar el impacto del gasto fiscal, subrayando que “el gasto público debe focalizarse en impactar la vida de la gente, y el Estado debe generar incentivos para atraer talento y tener a los mejores”. “Esperemos por el bien de Chile que esta discusión se pueda dar en buena lid y avanzar en los próximos años”.
Es evidente que todo funcionario contratado por confianza política tiene el deber de renunciar el 11 de marzo, entendiendo que no todo funcionario público contratado en determinado periodo de gobierno responde necesariamente a criterios políticos.
Ahora, más allá de la legítima…— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) December 21, 2025
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