El alcalde señaló que ingresó una querella criminal por las amenazas, para investigar de dónde provienen los mensajes y quiénes son los responsables.
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció este martes que recibió amenazas de muerte por redes sociales tras encabezar un operativo que terminó con la demolición de dos casas vinculadas al narcotráfico en la comuna. Ambos inmuebles representaban un peligro para la seguridad de los vecinos, ya que eran utilizados para la venta y el consumo de droga.
En los últimos días, le han llegado diversos mensajes al alcalde Concha, con amenazas como: “Te vamos a hacer como lo hacemos en México, te vamos a matar” o “no ande en espacio público solo”, además de comentarios que advierten que han ofrecido dinero por la vida del jefe comunal: “20 millones por tu cabeza, perro maldito”.
El militante del Frente Amplio (FA) sostuvo que las amenazas deben investigarse con “toda la fuerza de la ley” y señaló que no se iba a dejar “intimidar” por esto.
“Cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que, cuando se golpean estos intereses, aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”, comentó.
La autoridad comunal indicó que, pese a las intimidaciones, la municipalidad seguirá con los operativos contra el narcotráfico en Peñalolén.
“Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, aseguró.
Agregó que presentó una querella criminal por las amenazas, para que la Fiscalía investigue y determine quiénes son los responsables de los mensajes.
El exministro de Hacienda abordó el triunfo de José Antonio Kast, el estado de la centroderecha tradicional y advirtió las complejidades fiscales de cumplir con un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.
