Todos los acusados, entre los que se encuentran figura como la diputada Catalina Pérez y el exseremi Carlos Contreras, enfrentan cargos por fraude al fisco, lavado de activos y otros delitos económicos, con penas que van desde cinco hasta más de diez años de presidio efectivo.
La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó este martes una acusación formal contra siete personas involucradas en la trama del Caso Convenios, que involucra a las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y TomArte.
La acción judicial llega tras el cierre oficial de la investigación por parte del Ministerio Público, marcando un nuevo hito en uno de los escándalos más relevantes del último tiempo.
Todos los acusados, entre los que se encuentran figura como la diputada Catalina Pérez y el exseremi Carlos Contreras, enfrentan cargos por fraude al fisco, lavado de activos y otros delitos económicos, con penas que van desde cinco hasta más de diez años de presidio efectivo, multas millonarias e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o celebrar contratos con el Estado, recogió La Tercera.
La otrora diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, fue desaforada tras conocerse su presunta participación en el caso.
Según el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, Pérez intervino directamente para facilitar la participación de Democracia Viva en programas estatales de inversión, pese a conocer su falta de experiencia.
Se le acusa de fraude al fisco en tres ocasiones, con una solicitud de 10 años de presidio, más multa y prohibición perpetua de ejercer funciones públicas.
Exautoridad del Ministerio de Vivienda en la región, Carlos Contreras es señalado por la Fiscalía por suscribir y aprobar tres convenios de transferencia de fondos a la fundación Democracia Viva, pese a que esta no cumplía con los requisitos técnicos ni legales.
En total, la Fiscalía solicita para Contreras 10 años de prisión por tres delitos de fraude al fisco (Democracia Viva, Fibra y TomArte), y otros cinco años y un día por su rol en el caso Fusupo.
También se pide una multa proporcional al daño causado y la prohibición permanente de ocupar cargos en el sector público.
Daniel Andrade, exdirigente de Democracia Viva y expareja de Catalina Pérez, enfrenta cargos similares.
El Ministerio Público sostiene que fue parte fundamental en la obtención de recursos estatales mediante convenios que suman más de $426 millones, firmados con la venia del entonces seremi Contreras.
La Fiscalía exige para Andrade una pena de 10 años y un día por fraude al fisco, además de sanciones económicas y administrativas similares a las de Contreras.
Paz Fuica, exconcejala y exfuncionaria de Pérez, está acusada de colaborar en los convenios firmados con Democracia Viva, Fibra y TomArte. Se piden para ella más de 15 años de cárcel, distribuidos en diversas causas.
Mery Ortiz Donoso, fundadora de la Fundación Fibra, habría recibido $430 millones del Minvu para proyectos en campamentos. La Fiscalía la acusa de fraude al fisco, solicitando 10 años y un día de prisión.
Lorena Cisternas, también vinculada a Fibra, y Kelly Betancourt Acosta, presidenta de la Fundación TomArte, enfrentan cargos por fraude y lavado de activos. Se solicitan para ambas más de 15 años de presidio, además de una multa de 200 UTM. Para Betancourt también se pide inhabilitación perpetua.
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