Un análisis de CNN advierte que la captura del presidente venezolano marca un punto de inflexión en el uso del poder militar estadounidense, plantea interrogantes sobre su legalidad internacional y deja abierta la incertidumbre sobre el escenario político que seguirá en Venezuela.
Las expresiones de poder desmedido difícilmente pueden ser más explícitas que la abducción de un presidente en ejercicio desde su capital, en plena noche.
El presidente Donald Trump demostró, en una publicación de 74 palabras en redes sociales, que puede actuar de manera decisiva, repentina y quizá imprudente, en la persecución de sus variados y cambiantes objetivos de política exterior, con escasa consideración por los precedentes, las consecuencias o, aparentemente, el derecho internacional.
La operación para sacar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa de un lugar fuertemente custodiado en Caracas, para —presumiblemente— llevarlos ante el sistema judicial estadounidense, sí sigue un patrón previsible, aunque extremo, de lo que Estados Unidos considera un fugitivo, con una recompensa de US$50 millones sobre su cabeza.
Pero aquí existe una grave excepción: Maduro es jefe de Estado, y su país es objeto de diversos objetivos políticos estadounidenses en curso. Más allá de lo que indiquen las acusaciones judiciales, esto siempre se sentirá como un acto político.
Sucesivas administraciones en la Casa Blanca han buscado remover al régimen venezolano —de izquierda, pero también autocrático y en ocasiones violento—, ya sea bajo el argumento del combate al narcotráfico, por el petróleo, o por alineamientos regionales.
En el segundo mandato de Trump, se promovió el fin del rol de Maduro como cabecilla de una vasta red regional de narcotráfico como eje central de su justificación. Sin embargo, surgió una paradoja al sugerir que Maduro simplemente dejara el poder: no podía ser simultáneamente el gran jefe criminal y alguien que pudiera abandonar su cargo sin consecuencias.
La evidencia de que Maduro estuviera en la cúspide del narcotráfico regional tampoco resultó tan contundente como esperaba la Casa Blanca. Si bien Venezuela permitió el tránsito de drogas por su espacio aéreo y costas —con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, justo al otro lado de la frontera—, los carteles de México y Colombia eran actores mucho más relevantes, aunque parecían recibir menor atención militar de Estados Unidos.
En el corazón de esta acción se encuentran las ambiciones más amplias de Washington por un mayor control de su “extranjero cercano”, en lo que ha descrito como una actualización de la Doctrina Monroe.
Una Venezuela dócil resulta favorable para los mercados estadounidenses de hidrocarburos, pero, sobre todo, ofrece un destino al cual podrían regresar millones de venezolanos que actualmente buscan refugio en Estados Unidos.
Sin embargo, lo que sigue no está claro: ni si existe un sucesor inmediato dispuesto a asumir el mismo riesgo de ser secuestrado. Tampoco se sabe si esto desatará una furia antiestadounidense o si, por el contrario, dará paso a días de celebración por el fin de una dictadura que llevó la economía venezolana al colapso.
La salida de Maduro representa una victoria para Trump, pero un escenario de caos o colapso posterior sería una derrota en cascada. El plan para el “qué viene después” es más importante que la impactante demostración de poder militar estadounidense sobre los cielos de Caracas durante la madrugada del sábado.