Columna de Jorge Jaraquemada: ¿Funciona el Estado?

Dos casos recientes obligan a formular una pregunta incómoda: ¿funciona realmente el Estado chileno cuando debe prevenir, detectar y reaccionar ante fenómenos complejos? La Operación Tokio dejó al descubierto una presunta red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, capaz de mover miles de millones de pesos a través del sistema financiero. Por su parte, el masivo ingreso al país de niños haitianos reveló fallas en el control del proceso de reunificación familiar y abrió indagatorias por eventual tráfico de menores. Son materias distintas, pero comparten una misma inquietud: demasiados organismos debieron haber advertido indicios.

En el primero, la pregunta es cómo una organización criminal extranjera pudo usar circuitos bancarios formales, contando incluso con apoyo de personas que trabajaban en instituciones financieras. Si estos grupos delictuales necesitan contabilidad, sociedades, cuentas y testaferros para que el dinero circule, entonces alguien debió advertir su ruta.

La discusión, por tanto, no puede reducirse al secreto bancario. El punto de fondo es si la arquitectura antilavado dispone de herramientas suficientes para enfrentar asociaciones delictivas que operan con métodos sofisticados. Bancos, reguladores, UAF, Ministerio Público y policías forman una cadena que solo funciona si comparten datos útiles, reaccionan a tiempo y traducen las alertas en investigaciones efectivas. Si una banda lava enormes sumas durante años, entonces el sistema no funciona como un todo articulado.

Respecto al segundo episodio, si bien la alarma inicial se ha morigerado después de que los 64 menores fueron ubicados, hay que recordar que la denuncia original de Contraloría abarcó un periodo de solo cuatro meses de 2025, y no todos los años durante los cuales ingresaron a Chile miles de niños haitianos. Con todo, el problema institucional subsiste: el Estado no puede perder la trazabilidad de personas que ingresan en condiciones vulnerables. No basta con timbrar un documento en la frontera si luego nadie verifica dónde están, con quién viven o si asisten al colegio.

Asistimos a la misma falla: organismos que observan un fragmento de la realidad, pero que carecen de capacidad —o voluntad— para reconstruir el cuadro completo. Migraciones registra los ingresos; la PDI controla los pasos fronterizos; los consulados o tribunales emiten certificados; los municipios verifican domicilios; los servicios sociales constatan escolaridad; y la Fiscalía pesquisa delitos. Pero si entre ellos no dialogan, la institucionalidad opera tarde y la reacción solo llega cuando la prensa o la Contraloría revelan el problema.

Ambos episodios muestran que Chile no posee la aptitud institucional que se creía tener. Una cosa es contar con servicios estatales, normas, registros y protocolos. Otra es que ese entramado detecte tendencias, cruce datos, anticipe riesgos y active consecuencias. Frente al crimen organizado, la migración irregular, el lavado de activos y la trata de personas, la información dispersa equivale a ceguera. Modernizar el Estado no consiste solo en digitalizar trámites, sino en transformar datos dispersos en inteligencia pública para prevenir daños, proteger personas y perseguir eficazmente a quienes transgreden las normas.

En una época en que la inteligencia artificial permite identificar patrones con rapidez, es inconcebible que —por razones que parecen responder más a celos burocráticos que a obstáculos técnicos— nuestras instituciones sigan sin compartir antecedentes entre ellas, mientras las plataformas donde estos se alojan continúan sin estar interconectadas. Si cada servicio conserva celosamente su información, entonces la digitalización sirve de poco. La modernización del Estado exige que la información deje de ser patrimonio exclusivo de cada organismo y pase a funcionar como un insumo común.

La respuesta no puede consistir en otra comisión, más normas o nuevas promesas de coordinación. El país necesita capacidades concretas: interoperabilidad obligatoria entre bases públicas; análisis para generar alertas tempranas; levantamiento oportuno de la reserva financiera bajo un control judicial razonable; beneficiarios finales visibles; seguimiento de niños y personas vulnerables; trazabilidad de decisiones administrativas, y responsabilidades claras cuando los hallazgos no se procesan. Sin consecuencias, la falta de coordinación se convierte en un eufemismo para nombrar la ineptitud o incluso la incuria.

La Operación Tokio y el caso de los menores haitianos dejan una advertencia común: cuando el sector público no cruza información ni actúa coordinadamente, las redes criminales aprovechan esas brechas. Si el Estado no aprende a mirar integralmente lo que conoce por partes, seguirá sin contar con capacidad efectiva para gobernar los fenómenos que enfrenta.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán