El Ministerio de Hacienda firmó el Decreto de Política Fiscal 2026-2030, instrumento que fija con metas concretas el rumbo de las finanzas públicas hasta el término de la administración.
El decreto establece la trayectoria del Balance Estructural y el ancla de deuda de mediano plazo a la que el Gobierno se compromete, en un contexto marcado por déficits estructurales persistentes, deterioro de la posición financiera del Estado y aumento de la deuda pública.
Dos reglas complementarias: balance estructural y ancla de deuda
El decreto contempla dos reglas complementarias. La primera es la regla de balance estructural, que ordena el gasto en función de los ingresos permanentes del Fisco —aislando el efecto del ciclo económico, las fluctuaciones del precio del cobre y los ingresos por litio— para evitar ajustes abruptos ante eventos adversos.
La segunda es el ancla de deuda de mediano plazo, fijada en un 45% del PIB de deuda bruta del Gobierno Central, que establece un límite prudente a la dinámica de la deuda y resguarda la solvencia del Estado.
La meta fiscal concreta es reducir el déficit estructural desde el 2,6% del PIB en 2026 hasta el 1,5% en 2030, con el mayor esfuerzo concentrado al inicio del período: de 2,6% a 1,8% entre 2026 y 2027.
La trayectoria completa es 2,6% en 2026, 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. El Ministerio califica esta senda como un compromiso de mejora año a año que estabiliza la deuda pública y da una señal de orden y credibilidad fiscal.
Cuatro pilares para la convergencia fiscal
La estrategia de convergencia se apoya en cuatro pilares. El primero es la recuperación del crecimiento económico, considerada la base que sostiene las finanzas públicas en el tiempo.
El segundo es la racionalización y reordenamiento del gasto, que incluye el combate al fraude social, la corrección de ineficiencias y una mejor focalización.
El tercer pilar es la modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en empresas públicas, para fortalecer su gestión y aumentar la transparencia.
El cuarto es la gestión integral de activos y pasivos del Fisco, orientada a optimizar el balance del Estado y reducir costos de financiamiento.
El decreto se dicta en un momento en que el Gobierno busca compatibilizar responsabilidad fiscal con crecimiento, estableciendo por primera vez metas fiscales concretas y verificables de mediano plazo.
La iniciativa apunta a restablecer la credibilidad de las finanzas públicas, fijando un marco que ordena la conducción económica del Estado hasta el fin del período presidencial.
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