Los argumentos se centrarían en la falta de voluntad por parte de Chile para la negociación.
Con el ingreso de la demanda al tribunal internacional se da comienzo a un proceso jurídico que tiene por finalidad llegar a un acuerdo en relación a la salida al mar para Bolivia.
La parte demandante busca que Chile acepte la obligación de negociar de buena fe con Bolivia para una salida al mar, citando a los tratados pasados y acusando al Gobierno chileno de dilatar el diálogo y no hacerse cargo de las expectativas.
Para Mariano Fernández, abogado constitucionalista, la demanda “no tiene sentido” y sus expectativas representan “una posibilidad que no tiene ningún asidero jurídico de realización”.
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