La polémica comenzó el 2005 cuando Japón recibió los permisos del programa Jarpa 2.
La Corte de La Haya ordenó a Japón que revoque los permisos que da para cazar ballenas en la Antártica, luego que Australia demandó al país asiático en 2010. Según la Corte de La Haya, la investigación nipona tenía esos fines, pero en la práctica era “poco transparente”.
Por 12 votos a favor y 4 en contra, los jueces de la Corte Internacional de Justicia determinaron que los barcos japoneses no persiguen los “fines científicos” exigidos por la legislación internacional, los cuales defendía el gobierno de Tokio.
En Greenpeace se mostraron conforme con el fallo de la Corte Internacional, pero destacaron que la lucha contra esta práctica aún no ha terminado, pues ahora el enemigo es el mercado negro.
El convenio Jarpa 2, del que Japón recibió permisos en 2005, permite la caza de ballenas únicamente en los casos de que persiga objetivos científicos o de que sea para la subsistencia de la población aborigen.
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