Tenía razón. El fiscal Emiliano Arias tenía razón cuando dijo que la Ley de Pesca nacía de un origen corrupto. Pero desde hoy eso es verdad judicial.
Porque hoy ha sido condenado el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Y ha sido condenado por soborno. En fácil: por pagarle al entonces senador Jaime Orpis y a la entonces diputada Marta Isasi para que legislaran a favor de la empresa que Mujica dirigía.
Es técnicamente posible, pero sería bastante difícil de entender que los parlamentarios no fueran también condenados. Porque como acreditó la fiscal Chong, el dinero se recibió y quien lo entregaba fue condenado por darlo a cambio de favores. O sea, no era un alma caritativa.
¿Las penas son bajas? Sí. ¿La multa ridícula para el daño causado a la democracia? También. Lamentablemente son las leyes que tenemos y que a estas alturas todos manifiestan la intención de cambiar, pero avanzan a paso de caracol.
A pesar de eso, lo ocurrido hoy es relevante. Esta es la primera causa de financiamiento delictual de la política en que se logra una condena, ya no sólo por delitos tributarios, sino que por cohecho.
Y porque, aunque el castigo sea bajo, la señal que aquí sí se ha dado al llevar este caso hasta el final es que hay quienes están dispuestos a combatir la corrupción. Que es posible hacerlo aunque siempre los resultados sean inciertos.
Hoy tenemos la certeza de que de manera espúrea se legisló para que ese mar de todos los chilenos terminara en las manos de unas pocas familias con condiciones muy convenientes.
La condena de hoy no debe pasar inadvertida, porque el daño para la democracia cuando se legisla a punta de billeteras y no de votos, es demasiado profundo.
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