Las candidaturas al Parlamento dejaron en evidencia la falta de un estándar exigente en los partidos frente a eventuales casos de corrupción, argumentando la presunción de inocencia.
En lo penal, cierto, todos tenemos derecho a ella. Pero los partidos deberían aplicar un estándar más alto. ¿Cuál? Uno que no dependa de la necesidad de votos, devoluciones, subsistencia de las colectividades o ascendencia dentro del partido.
Dos casos ejemplos: el exalcalde Jadue y el diputado Calisto. Reitero: ambos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero a Jadue, la gravedad de los antecedentes de la Fiscalía hizo que un tribunal impusiera cautelares intensas y que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se involucrara. Igual con Calisto: la Fiscalía lo formaliza, el tribunal lo desafuera y el CDE se querella.
Ese es un buen estándar: no la mera existencia de una querella, sino un desafuero, medidas cautelares intensas (que hablan de la gravedad de los antecedentes) o que varias instituciones independientes entre sí se involucren en el caso.
Transversalmente, hay un tejado de vidrio: dos ejemplos. El Partido Socialista (PS) llevó de candidato al alcalde Chamorro en Coronel, formalizado por eventual corrupción, y Renovación Nacional (RN) en el pasado postuló al Senado a un condenado por corrupción: el fallecido Pedro Velásquez, a quien los diputados en su momento –después de ser condenado por delitos de corrupción cuando era alcalde– eligieron como segundo vicepresidente de la Cámara Baja.
Es demasiado simple para los políticos decir que no hay veto y que sus aliados deciden. Defiendan la inocencia de quien quieran, pero no lo lleven de candidato si hay antecedentes serios en su contra.
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