El que nada hace, nada teme. Claro, para control de identidad o revisión de mochilas, pero para flexibilizar el secreto bancario, ahí no.
Esta ley no es para el SII, ni para la Fiscalía. Es para la UAF (Unidad de Análisis Financiero), que combate el lavado de activos del crimen organizado y terrorismo.
La UAF solo podría levantar el secreto sin un juez: a un funcionario público o persona jurídica o cuando el Reporte de Operaciones Sospechosas viene de un banco.
Los que se oponen dicen que se puede filtrar información. Mito 4: La UAF no ha sido acusada de filtraciones y tiene penas draconianas si eso pasa.
En la UAF hay apenas 80 funcionarios y entre ellos 13 son analistas que el 2025 debieron revisar 21.828 casos.
Cierto: les conceden en horas el alzamiento, pero para llegar a la Corte con un caso sólido tardan meses; mientras los delincuentes como Carlos Bobby, parte del Tren de Aragua (operación Tokio), sonríen.
Saben que sacarán de Chile el dinero lavado rápidamente. Porque aquí los billetes sucios vuelan, mientras el sistema preventivo anda a paso de tortuga.
No basta con aumentar los funcionarios sin flexibilizar el secreto. Y además hay que incrementar las multas para quienes no alerten de operaciones sospechosas. ¿Dónde estaban bancos, Tesorería, SII, notarios, automotoras, municipios, etc., mientras Bobby y sus socios lavaban 75 millones de dólares?
Partamos por esta ley y sigamos por más, antes que el crimen organizado, que corromper lo público y lo privado, haya corroído las bases de nuestra democracia y puesto en tela de juicio la limpieza de nuestras empresas.
Conformarse con menos es agua con azúcar. Si son otras, serán medidas que rasquen tal vez, pero, como decía Galeano, que rasquen donde no pica.
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