Hace 24 años, un general director de Carabineros se negó a renunciar, pese al pedido del presidente de la República. Los protagonistas fueron Eduardo Frei y Rodolfo Stange.
La Constitución de 1980 entregaba inamovilidad a los comandantes en jefe y generales directores, lo que abrió una crisis de 18 meses, con un supuesto subalterno como Stange aferrado a su cargo contra la voluntad de las autoridades civiles.
Recién en 2005 esa norma pudo cambiarse, pero a medias. Hasta hoy el artículo 104 de la Constitución sigue hablando de inamovilidad en el primer párrafo, y en el siguiente dice que el presidente podrá llamar a retiro, “mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado”.
Esa norma es la que el general Soto ha aprovechado para escenificar su resistencia a la decisión de la autoridad civil de sacarlo del cargo. No podrá resistir 18 meses como Stange, pero de todos modos es improcedente en una democracia que un subordinado desafíe al presidente de la República y lo obligue a dar razones para sacarlo de su cargo.
Es de esperar que este trámite se haga rápidamente, y que nadie caiga en la tentación de trabarlo para poner en problemas al gobierno, porque lo que está en juego aquí es algo básico para una democracia: la sujeción de las Fuerzas Armas y de Orden al poder civil.
Y por último, que algo positivo salga de todo esto. Eliminar de una vez por todas este fósil anacrónico y antidemocrático de nuestra Constitución, y consagrar sin ambigüedades la plena sujeción del poder militar al civil.
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