Renunció. El subsecretario Felipe Salaberry dio un paso al costado. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Tampoco de la denuncia en cuestión, que parece seria, muy grave, y sobre la que deberán resolver los tribunales de justicia.
Puede alegarse que falta aquello para determinar si es responsable Salaberry de haberse pasado tres luces rojas e insultar a un funcionario municipal, y su hermana de tratar de sacarle el parte. Pero de lo que hay certeza es de la reacción de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, partido del ahora ex subsecretario, quien sostuvo que la Fiscalía actuaba “como brazo armado de la izquierda”. Necesario aclarar que el presidente de RN, Mario Desbordes, no respaldó estos dichos.
Graves las acusaciones de JVR, pero también poco coherentes con su historia, cuando ella nunca fue formalizada tras los correos electrónicos que la vinculaban al presidente de Asipes, cuando fue sobreseído el administrador de la campaña del entonces candidato Sebastián Piñera, cuando no se investigaron rectificaciones de empresas que financiaron a políticos. Ahí no parecía molesta la senadora.
El Ministerio Público contestó que no mira el color político de quienes investiga y tiene razón. De hecho, todos los tradicionales partidos tienen algo que agradecerle a la falta de vigor de la Fiscalía para investigar los casos de financiamiento ilegal de la política, porque la impunidad fue transversal.
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El punto es, ¿qué habría tenido que hacer la Fiscalía para que a la presidenta de la UDI le pareciera que no estaba actuando mal? ¿Dejar sin investigar un caso donde la denuncia es tan grave como esta? ¿No analizar si una alta autoridad se pasó tres semáforos e insultó a un funcionario? ¿No indagar si su hermana usó su puesto en la municipalidad para tratar de evitar el parte?
Grave también que el abogado de Salaberry diga: “Detrás de esto hay una operación política… se está haciendo una práctica de generar episodios para poner en tela de juicio a algunas autoridades”. Es de suponer que ya puso las pruebas de aquello que acusa en manos de la Fiscalía, porque implicaría que o el medio que denunció o la Fiscalía o el funcionario municipal actuó mal intencionadamente.
Es de suponer también que el alcalde de Ñuñoa habrá denunciado la posible petición de coimas a expositoras de parte que la hermana de Salaberry y que el fiscal Manuel Guerra lo estará investigando.
De izquierda a derecha les gusta la frase de “dejar que las instituciones funcionen”, pero no cuando es para fiscalizar a alguien de su sector.
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