No siempre lo legal es sinónimo de ético… y hace un buen tiempo que dejó de ser además socialmente aceptable.
Tener -y enfatizo- “legalmente” el derecho a postular a un bono de incentivo al retiro en el sistema salud, no rompe ninguna normativa. Un derecho que tambien tiene la ministra Carmen Castillo, que fue aprobado bajo su propia administración el 2015 y por el que podría haber recibido cerca de 80 millones de pesos, y al que hace pocos momentos declinó postular.
Sin embargo que legalmente tenga ese derecho nos lleva a hacer varias preguntas sobre este acuerdo al que llegaron estos 6 gremios de la Fenprust y Fenats.
¿Cuán ético es que una Autoridad en el Ejercicio de su cargo pueda optar a un bono que paga un mes de sueldo imponible por cada año de servicio en el sistema público más 560 UF (unos 15 millones de pesos); sobre todo considerando que el beneficio fue aprobado bajo su administración y que quien debe aprobarlo es un subalterno?
Lo que es cierto como dice la ministra, es una decisión personal y que, inobjetablemente, está dentro de la ley, pero tal vez no en el marco de la ética ni menos de la estética, lo que la habría llevado a declinar.
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