El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio conocer este jueves los detalles del informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Pacto Fiscal) tras extensas negociaciones con representantes de partidos políticos, gremios empresariales y miembros de la sociedad civil.
Este documento, resultado de meses de diálogo, será distribuido a líderes partidarios, representantes empresariales, que participaron en las discusiones, y miembros de la comisión Marfán, entre otros actores relevantes.
El Pacto Fiscal se estructura en torno a diversos pilares que abordan prioridades del gasto público, el estímulo al crecimiento económico, reformas al Estado, asuntos tributarios y la implementación de mecanismos de monitoreo para garantizar la ejecución efectiva de las propuestas.
Entre los 36 acuerdos alcanzados para impulsar el crecimiento se encuentran medidas destinadas a agilizar los permisos para inversiones, reducir la informalidad y fomentar la diversificación productiva.
Estas propuestas buscan despejar el camino para el desarrollo económico y superar las barreras burocráticas y regulativas que actualmente obstaculizan la inversión productiva.
Asimismo, se presentaron 30 iniciativas destinadas a mejorar el cumplimiento tributario, abordando cifras preocupantes de incumplimientos.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre 2018 y 2020, se calcula un incumplimiento promedio del 18,4% para el IVA y del 51,4% para el impuesto corporativo.
El informe también incluye compromisos unilaterales del Gobierno con respecto a la reforma al impuesto a la renta, un proyecto que se espera sea ingresado al Congreso en marzo del próximo año.
En sus declaraciones a la prensa, Marcel destacó la importancia de crear mecanismos de monitoreo para evaluar las reformas a lo largo de diez años, con una revisión intermedia a los cinco años.
El Gobierno espera presentar siete proyectos de ley durante el primer semestre. En enero, se anticipa la presentación de dos proyectos relacionados con la racionalización de permisos para inversiones, que incluiría modificaciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), así como propuestas sobre cumplimiento tributario y el marco permanente para la evaluación de relaciones entre organismos públicos y ONG.
Para marzo, está previsto el ingreso de la reforma al impuesto a la renta, el proyecto que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y otro destinado a impulsar la inversión en infraestructura.
En este contexto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, participó en la presentación del informe, destacando que el nuevo pacto fiscal busca aumentar la PGU de $206 mil a $250 mil, además de ampliar la cobertura, lo que implicaría una inversión equivalente al 1,2% del PIB.
Estos esfuerzos buscan no solo impulsar la actividad económica, sino también mejorar las condiciones de vida y el bienestar social en el país.
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