El parlamentario valoró las declaraciones de la rectora de la U. de Chile y detalló los alcances del proyecto que obliga a identificar a los verdaderos propietarios de los clubes deportivos.
El senador de Demócratas, Matías Walker, uno de los impulsores de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, respondió a los planteamientos de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, respecto a la falta de claridad sobre la propiedad de Azul Azul, concesionaria que administra al club Universidad de Chile.
En entrevista con CNN Chile, Devés expresó su preocupación por la escasa influencia de la casa de estudios en las decisiones del club y por la opacidad en la estructura de propiedad de la sociedad anónima.
“Por supuesto que es fundamental transparentar la propiedad. Lo hemos dicho siempre”, afirmó la rectora, quien también cuestionó el rol que juegan las casas de apuestas como auspiciadores de la camiseta del equipo. “Claramente no nos parece”, agregó.
A raíz de estas declaraciones, el senador Walker recogió las inquietudes de la rectora y explicó los cambios que están promoviendo en el Congreso.
“Hemos acogido la preocupación de la rectora de la Universidad de Chile, la señora Rosa Devés, en nuestro proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales”, señaló.
El parlamentario anunció que presentaron una indicación específica para que las universidades puedan tener participación directa en el fútbol profesional, sin necesidad de operar a través de una concesionaria como Azul Azul.
“Por eso presentamos una indicación para que las universidades, a través de un fondo de deporte profesional, puedan participar de la nueva Liga Profesional, sin necesidad de hacerlo a través de una concesionaria”, indicó.
Walker también destacó un punto clave planteado por Devés: la falta de información sobre quiénes son los verdaderos propietarios de Azul Azul.
“Es muy ilustrativo que la señora rectora señale que a ellos no les consta quiénes son los verdaderos dueños de Azul Azul. Por eso es que en nuestro proyecto de ley establecemos la obligación de señalar claramente quiénes son los beneficiarios finales, vale decir, las personas naturales dueñas de los clubes, y establecemos como un delito el falsear esa información”, enfatizó.
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