En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia.
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La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar la suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) a 659 personas que fueron prisioneros políticos en distintos periodos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En fallo dividido (rol 2.2.89-2015) la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Juan Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Jorge Dahm y el abogado (I) Arturo Prado ratificaron la sentencia que ordenó pagar la suma los prisionero por considerar que fueron víctimas de un delito de lesa humanidad.
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Fuentes y el abogado Prado quienes consideraron que en el caso operó la prescripción de la acción civil.
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La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
