En agosto de este año se formó una nueva comisión para reformar el Código Penal chileno, documento que define cuándo una persona debe ser castigada penalmente y cuál es el contenido de esas penas. Aunque ya se han formado comisiones en 2005, 2013 y 2015, el código actual rige sin cambios desde 1974.

Fue justamente esa comisión la que presentó un anteproyecto que se encuentra en el centro de la polémica en lo que concierne a los cambios en la tipificación de delitos de carácter sexual.

El documento sugiere hacer la distinción entre violación con violencia y violación con abuso por enajenación o trastorno mental, privación de sentido o dificultad para resistir. Para ello establece penas que van desde los cinco a los 10 años en la primera, y de tres a siete años en la segunda.

Además, rebaja la edad para el consentimiento en menores de edad, pasando de 14 a 12 años.

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El proyecto ha sido criticado por diputadas de oposición y organizaciones feministas, quienes apuntan a que si no hay consentimiento, siempre hay violación, y a que a los 12 años de edad los menores son aún niños, y no pueden consentir una relación sexual.

Entre los argumentos de las críticas está que la mesa del Ministerio Público encargada de trabajar en esta reforma está conformada exclusivamente por hombres.

¿Quiénes son?

La comisión está compuesta por nueve profesionales: Jorge Bofill, Héctor Hernández, Jaime Couso, Juan Domingo Acosta, Alex Van Weezel, Francisco Maldonado, Antonio Bascuñán, Juan Pablo Cox y Javier Wilenmann.

Quien figura como autor del texto Minuta Para El Análisis Del Título III Del Libro Segundo (Delitos Contra La Libertad Sexual) es Juan Pablo Cox, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adofo Ibáñez (UAI).

De acuerdo a la misma casa de estudios, Cox se ha dedicado a la investigación de delitos sexuales e incluso escribió el libro Los abusos sexuales (2003). Además, ha sido invitado como experto por la Defensoría Penal Pública (2008) y por el Ministerio Público (2012) para exponer y capacitar a las unidades especializadas en delitos sexuales.

También es el autor de la propuesta sobre delitos contra el orden público y delitos contra la seguridad pública.

Quienes también integran la comisión son el abogado penalista de la Universidad Diego Portales Héctor Hernández, quien se desempeñó como asesor de la comisión mixta contra el cohecho, y Jorge Bofill, quien asumió la defensa de los chilenos detenidos en Malasia y es líder del estudio Bofill Escobar.

También figura el académico Juan Domingo Acosta, distinguido como el “abogado del año” en materia penal por el ranking The Best Lawyer. Actualmente representa al arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y entre sus clientes también ha estado el presidente Sebastián Piñera.

Los otros nombres son el profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales Jaime Couso; el docente de la Universidad Católica, Alex Van Weezel; el ex asesor del Ministerio de Justicia, Francisco Maldonado; el abogado penalista Antonio Bascuñán; y el académico de la UAI Javier Wilenmann.

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Desde el Ministerio de Justicia señalaron a La Tercera que el anteproyecto aún no tiene la aprobación del Gobierno y que eso no se sabrá hasta antes de fines de enero. Por mientras, el texto es revisado por 36 facultades de Derecho del país y por la sociedad civil,  y existe un trabajo prelegislativo con distintos ministerios.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, dijo que la cartera no se pronunciará al respecto hasta la próxima semana. “Por de pronto y para despejar toda duda, en proyecto que se envíe al Congreso el Gobierno propondrá penas duras y efectivas para proteger a víctimas de delitos sexuales“, agregó.

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