De este modo, afirmó que “no hay ninguna evidencia empírica” de que se concretaron las predicciones que realizaron los gremios empresariales hace 14 años con los cambios al seguro de cesantía y la reforma del Código del Trabajo.
En ese sentido, explicó que se dan juicios “que son estrictamente políticos e ideológicos”, y que la discusión debe estar basada en hechos. “Los hechos demuestran que es posible para un país mejorar su grado de protección al trabajo y tener una economía en crecimiento”, afirmó.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.