Los parlamentarios destacaron que la iniciativa "no se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco integral, con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado".
En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización.
La iniciativa fue despachada desde el Senado tras respaldar en tercer trámite constitucional las enmiendas que hizo la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la instancia, se destacó el avance con un “marco legal claro y definido”, que hace frente a los efectos negativos de la “escasez hídrica” en “actividades productivas y para el propio consumo humano”.
Los senadores apuntaron a que la normativa avanza en un “asunto de seguridad nacional y de justicia territorial”, particularmente para las regiones del norte y centro del país.
Y argumentaron que “no se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco integral, con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado”.
Desde el Senado explicaron que la idea matriz de la legislación “consiste en establecer una regulación para el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, a una mejor adaptación al cambio climático y el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros”.
Junto con ello, el objetivo es regular el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización, con la que se podrán “establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras”.
En el texto se establece que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras tendrán que someterse siempre al Sistema de Evaluación Ambiental.
Asimismo, se busca “modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos”.
El CFA advirtió que se podría concretar "el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales".
