Programa de Alimentación Escolar de Junaeb bajo la lupa: Cámara aprueba comisión investigadora por gestión entre 2019 y 2024

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Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó unánimemente la creación de una comisión investigadora que se encargue de recabar antecedentes del funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón y contó con el apoyo de 63 parlamentarios. Esta comisión tendrá un plazo de 60 días para rendir su informe; además, se le autoriza constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

La propuesta busca analizar los contratos vigentes del programa de alimentación en todas las regiones del país y verificar que las raciones pagadas hayan sido entregadas efectivamente a los estudiantes. Asimismo, la investigación indagará si las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Región de O’Higgins se repitieron en otras zonas del territorio nacional.

Junto a lo anterior, el trabajo fiscalizador evaluará las medidas de resguardo implementadas para frenar sobreprecios y evitar desembolsos por servicios no prestados o sin acreditación real.

Antecedentes de la propuesta

Entre los antecedentes clave se expone el contrato con Soser S.A. en la Región de O’Higgins. En enero de 2025, un informe de la Contraloría destapó irregularidades: la Junaeb desembolsó más de $3.554 millones por un cálculo referencial de 796.043 raciones de “once nivel básica” en 2022, pese a que el proveedor solo entregó 284 raciones a los colegios.

Según el documento, en 2026 una investigación interna de la actual administración de la Junaeb fijó el monto total comprometido en más de $14 mil millones, que sumó los antecedentes de 2023. En ese periodo, el valor pagado por cada ración superó los $8.000, cifra que describen como desproporcionada frente a los estándares habituales del servicio. De acuerdo con la Contraloría, la causa central de las irregularidades corresponde a la ausencia de “bandas de precios” en la licitación auditada, lo que permitió a Soser S.A. adjudicarse el contrato con valores diferenciados.

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