Asimismo explicó que “la primera sanción que tiene el reglamento, que es la más baja que establece el código sanitario, es la amonestación. Una vez que se entrega la amonestación, se da un plazo para subsanar el problema que va a ser entre 30 y 60 días”.
La autoridad también manifestó que “los fiscalizadores ahora podrán revisar si, por ejemplo, hay un producto importado y el contenido es mayor de lo que se está declarando”. Instancia en que se tomarán muestras y se analizarán en los laboratorios para “establecer una sanción a través del sumario sanitario”.
Hasta ahora han surgido algunas críticas en contra del Minsal, ya que los fiscalizadores no darían abasto para todas las materias de salud que deben regularizar. En respuesta a este punto, Burrows manifestó que “nosotros tenemos un sistema bastante eficiente de fiscalización que aleatorio y por lo que la gente sabe que en algún momento puede llegar la sanción por incumplimientos”.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.