Según un informe de La Tercera son 23 los reos condenados por delitos de lesa humanidad los que podrían acceder a beneficios si es que la denominada Ley Humanitaria del Gobierno es aprobada.
La legislación contempla que los reos que hayan sido diagnosticados con enfermedades en fase terminal, los que por menoscabo físico sufran de una dependencia severa, y los que tengan 75 años o más y hayan cumplido al menos la mitad de la condena, puedan conmutar sus penas y terminarlas con arresto domiciliario total.
Tras el anuncio del Ejecutivo las críticas no se hicieron esperar. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo a CNN Chile que con la normativa “buscan crear un traje a medida para los presos de Punta Peuco”. Esto ya que la ley no distingue según el tipo de delitos, permitiendo que aquellos condenados por violaciones a los derechos humanos puedan acceder a los beneficios.
Según el abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, sólo cuatro internos de dicho penal y de Colina 1 cumplirían con las dos primeras condiciones: el ex suboficial de Carabineros José Luis Guzmán Sandoval por enfermedad terminal, y Héctor Manuel Orozco Sepúlveda, Fernando Rafael Rojas Tapia y Gerardo Ernesto Urrich González por dependencia severa.
Pero según el listado al que tuvo acceso La Tercera, serían otros 19 internos los que podrían acceder a los beneficios porque tendrían 75 años o más en 2019 y habrían cumplido ya con la mitad de la pena.
Sus nombres son Gerardo Alejandro Aravena Longa, Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Santiago Humberto Fernández Espinoza, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Klaudio Erich Kossiel Horning, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Aquiles Navarrete Izarnotegui, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Jorge Aníbal Osses Novoa, Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Prado Contreras, Manuel Rivas Diaz, Emilio Robert de la Mahotiere, José Andrés Torres Riquelme, Lander Mikel Uriarte Burotto, Guillermo Antonio Vargas Avendaño, Raúl Enrique Zapata, Camilo Astete Cáceres y Germán García.
En suma, serían 23 de 174 reos condenados por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional los que podrían terminar sus penas con arresto domiciliario.
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