La institución también informó que lo efectivamente no recuperado está asociado a licencias rechazadas, lo que asciende a $5.547 millones.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) se refirió al informe de Contraloría que advirtió que más de $20 mil millones en licencias rechazadas no han sido recuperadas.
El ente detectó que, entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de forma intermitente, generando 60.958 licencias no recuperadas por $20.916 millones.
A través de una declaración, la Junji señaló que ya “se han ejecutado las acciones que corresponden dentro del marco normativo vigente y que se dará respuesta al órgano contralor en los plazos establecidos“.
En el documento, el organismo sostuvo que “este trabajo se está abordando con la responsabilidad y premura que exige el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos”.
Sobre los montos observados por Contraloría, Junji precisó que “del total del monto total indicado de recursos no recuperados, de 20.916 millones de pesos, lo efectivamente no recuperado está asociado a licencias rechazadas, lo que asciende a $5.547 millones”.
“Durante el año 2024 y con anterioridad a la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones. Además, hay licencias notificadas en curso de recuperación, cuyos casos se han incorporado a un plan de acción institucional”, agregaron.
En esta línea, detallaron que la Dirección Regional Metropolitana de Junji realizará las gestiones “necesarias para el tratamiento contable de montos adeudados por concepto de licencias médicas”.
“En relación a la observación sobre licencias médicas con antigüedad superior a cinco años y respecto de licencias rechazadas de exfuncionarios, se debe indicar que previo a la emisión del informe final, la institución ya había adoptado medidas concretas para abordar este tipo de situaciones. Para ello, se establece la derivación a instancias judiciales cuando corresponde, incluyendo casos de funcionarios desvinculados”, cerraron.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
