En estos recintos, las víctimas son golpeadas, quemadas y grabadas para presionar pagos, en una red de violencia que opera desde tomas ilegales y viviendas subdivididas en ciudades y comunas periféricas, según confirmó la policía.
La policía ha identificado al menos 17 casas de tortura utilizadas por bandas criminales vinculadas al Tren de Aragua entre 2022 y 2025, espacios donde víctimas de secuestro son retenidas, golpeadas y filmadas como parte de un método sistemático de extorsión.
Estas viviendas, según la Brigada Investigadora de Secuestros Metropolitana (Bipe) de la PDI, han sido utilizadas no solo para encerrar a personas secuestradas con fines económicos, sino también para castigar a integrantes de la propia organización criminal.
El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe, explica que en estos lugares “se somete a las víctimas a agresiones físicas severas, que incluyen golpes, quemaduras e incluso amputaciones. Luego se graban videos o se hacen videollamadas con sus familias para exigir pagos inmediatos”.
Según La Tercera, las casas están distribuidas en sectores urbanos y periféricos de Santiago y otras regiones. Entre estas se encuentran Santiago Centro, Maipú, Talagante, Quinta Normal, Estación Central, Independencia y Valparaíso.
La mayoría de estos sitios se encuentran en tomas ilegales o viviendas subdivididas, utilizadas por la banda para operar con bajo perfil.
Uno de estos inmuebles, ubicado en la toma Rivera del Río, junto al río Mapocho, fue clave para el rescate de una mujer secuestrada en junio de 2024.
La víctima fue retenida tres días en ese lugar tras ser interceptada en un terminal de buses en Santiago. Sus captores exigieron $20 millones a su pareja.
La operación fue liderada desde la cárcel por un ciudadano dominicano y ejecutada por cinco extranjeros: cuatro venezolanos y un colombiano. Todos fueron detenidos cuando intentaban mover a la mujer a otra casa de tortura.
Días antes, en ese mismo recinto, un ciudadano colombiano también fue retenido bajo extorsión. En ese caso, el secuestro terminó en asesinato, según confirmó la policía.
La existencia de estas casas forma parte de un patrón que se ha ido consolidando, según los investigadores.
En algunos casos, los cuerpos de víctimas ejecutadas han sido abandonados en rutas como la 68, luego de haber sido retenidas en estas viviendas por desobedecer órdenes internas del Tren de Aragua o negociar por cuenta propia, recogió el mismo medio anteriormente mencionado.
“La violencia no solo está dirigida hacia terceros, sino también hacia miembros de la misma estructura criminal. Es una forma de imponer disciplina y generar miedo”, sostiene Barrientos.
Inicialmente, la banda operaba desde viviendas antiguas adaptadas en zonas céntricas. Sin embargo, en 2024 y lo que va de 2025, la PDI ha detectado una migración hacia zonas más aisladas, lo que podría responder a un intento por evitar la atención policial.
En algunos casos, las casas de tortura incluso son los propios domicilios de los imputados, lo que revela cierta improvisación frente al aumento de operativos.
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