El gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó solicitudes de desistimiento luego de querellarse por Ley de Seguridad del Estado contra un grupo de camioneros que hicieron caso omiso a la advertencia realizada por la ex ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches en medio de las manifestaciones de abril.
Según La Tercera, la mayoría de las delegaciones presidenciales del país ingresaron la solicitud de desistimiento el pasado 13 de septiembre. Incluso, este martes, el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, acogió el requerimiento y dicha querella resultó finalmente desestimada.
De hecho, el 15 de septiembre, el Ministerio Público le solicitó al Juzgado de Alto Hospicio el “cierre de la causa por no tener antecedentes para fundar una acusación. Este mismo martes, el tribunal fijó para el 9 de noviembre la audiencia que revisará dicha petición de no perseverar y consigo cerrar la causa”, consignó el medio citado.
Situaciones de características similares ocurrieron en las regiones de Atacama, Los Lagos y Magallanes.
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¿Por qué decidieron desestimar las querellas?
Desde la Subsecretaría del Interior afirmaron al medio citado que “el desistimiento de las querellas varios meses después de presentadas responde al trabajo que durante todo este tiempo se ha mantenido con los camioneros, lo que ha permitido lograr acuerdos en materia de seguridad y orden público”.
Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), le dijo al diario que “nunca hubo mérito para aplicar ninguna Ley de Seguridad del Estado respecto de los camioneros de Chile”.
Si “el Gobierno ha estimado necesario retirar alguna posible querella, me parece que está dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno que entiende que nuestro actuar gremial está en la línea de pedir lo correcto, que se restablezca el estado de derecho en la nación”, añadió.
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