Luego de las amenazas dirigidas al ministro de justicia, al director de la institución penitenciaria y a la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Gendarmería emitió un oficio en el que dispuso una serie de medidas de seguridad para "evitar que sean víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.
Tras las amenazas contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y a la alcaide del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, Fabiola Valladares el 12 de enero, el subdirector operativo de la entidad penitenciaria emitió un oficio en el que estableció una serie de medidas de seguridad.
Según consignó La Tercera, la instrucción fue enviada ese mismo día a distintos recintos penitenciarios, y señala que todos los funcionarios de Gendarmería, civiles o uniformados, deben “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional”.
Esto, con el fin de “evitar ser víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.
Además, se les pide abstenerse de salir del recinto penitenciario mientras estén trabajando, a menos que se trate del “cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.
Asimismo, el personal que esté con día libre o con permisos estatuarios y establecidos legalmente, deberá abstenerse de utilizar el informe y/o distintivos que puedan “eventualmente poner en riesgo su integridad” y la de sus acompañantes.
Por razones de seguridad institucional, las autoridades recordaron a los funcionarios que deben abstenerse de tomar fotografías o registrar videos al interior de las dependencias institucional.
El escrito señala que dichos sectores son “especialmente vulnerables” para los efectivos.
Por último, se les pide a los funcionarios evitar usar recursos fiscales, tiempo de su jornada laboral y el mismo uniforme institucional para publicar información en redes sociales que no tenga relación de las actividades propias de Gendarmería.
Todo ello con el fin de no exponerse como trabajadores de la institución, ya que “podría acarrarle problemas a su persona, como a sus cercanos”.
Fue el 12 de enero cuando se reportaron amenazas dirigidas al ministro de Justicia, Luis Cordero, al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y a la alcaide del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.
Los hechos se registraron luego de que sujetos no identificados lanzaran panfletos con mensajes amenazantes en las afueras de tres unidades penales en la Región Metropolitana.
“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez” y “si la justicia legal no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”, decían algunos de los papeles, que fueron lanzados a la salida del Reciento Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Avenida Pedro Montt.
Gendarmería informó en esa oportunidad que la situación fue denunciada al Ministerio Público. Más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que presentarían acciones legales contra quienes resulten responsables de los actos.
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