Ipsos dio a conocer los principales datos de su informe 51° “Claves Ipsos”, desarrollado junto a Fundación Iguales, abordando la percepción ciudadana respecto al trato, derechos e inclusión de personas LGBTIQ+ en Chile, en el marco del Mes del Orgullo.
En el sondeo se reveló que un 31% de los encuestados cree que los discursos de odio hacia personas de la comunidad han tenido un alza en redes sociales.
La cifra corresponde a 9 puntos porcentuales (pp.) más que el registrado en mayo de 2025 (22%).
Mientras que un 58% apoya que exista una ley que sancione discursos de odio por orientación sexual o identidad de género (4 pp. más que hace un año).
Por otro lado, un 30% de los consultados considera que el Gobierno chileno hace lo suficiente para apoyar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. Un 43% opina que no se hace lo suficiente y un 27% dijo no saber.
La directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda, comentó que “la ciudadanía prende una alerta al reconocer que las palabras de las autoridades no son neutras, sino que impulsan actitudes a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+. Este resultado es un llamado a la responsabilidad para la clase política y para los líderes de opinión en la construcción de un clima social de respeto y de diálogo en materia de derechos”.
Por otro lado, la medición reveló que en materia de educación hay un respaldo mayoritario al desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas de integración.
Por ejemplo, un 77% de los encuestados dice estar de acuerdo con que colegios públicos y privados tengan protocolos contra el acoso y la discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+, mientras que el 69% piensa que deberían existir orientaciones o protocolos para apoyar a alumnos de la comunidad en salud mental y bienestar.
Un 58% dijo que en los colegios se debería enseñar educación sexual integral con enfoque de diversidad.
En cuanto al aspecto salud, un 32% respondió que considera que médicos y profesionales tienen la preparación adecuada para atender a personas trans o que el sistema sanitario chileno está capacitado para responder a las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+.
Asimismo, el 52% de los consultados no está de acuerdo con que profesionales de la salud o funcionarios públicos se puedan negar a atender a personas LGBTIQ+ bajo el argumento de convicciones religiosas o personales.
Mientras que en el ámbito laboral, el 60% respondió que “los lugares de trabajo hoy son más inclusivos para las personas LGBTIQ+ que hace cinco años” y un 58% dijo que “tienen las mismas
oportunidades de crecer y ser reconocidos que el resto de sus colegas”.
Así, la directora de Fundación Iguales, María José Cumplido, aseveró: “Los datos muestran a una ciudadanía que mayoritariamente apoya sancionar los discursos de odio, apoya los protocolos de inclusión en colegios y trabajos, y que rechaza eliminar las leyes que protegen a las personas LGBTIQ+. Esa ciudadanía existe y es más grande de lo que el debate político sugiere. En ese sentido, el Congreso y el Ejecutivo no tienen respuestas frente a estos temas y esperamos que estos datos sirvan para enfocar el debate político y avanzar en lo necesario”.
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