El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó como “extremadamente grave” la denominada Operación Apocalipsis, investigación que indaga presuntos hechos de corrupción al interior de Gendarmería, y subrayó que el caso revela un nivel de organización que refuerza la urgencia de avanzar en una reforma estructural de la institución.
En conversación con Hoy Es Noticia, Cordero advirtió que el caso se encuentra en pleno desarrollo, destacando la complejidad del esquema indagado.
“Es extremadamente grave por la forma en que estaba estructurado el cohecho y la manera en que tenían distribuida las ganancias que obtenían”, afirmó.
El ministro sostuvo que enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería es clave para la estrategia de seguridad del Estado.
“Atacar la corrupción en Gendarmería es una manera de establecer un dique muy severo en los contactos ilícitos que esos funcionarios podrían tener con organizaciones criminales”, indicó.
Reforma a Gendarmería será ingresada en enero
En ese contexto, Cordero confirmó avances concretos en la reforma a Gendarmería.
“Para el 4 o 5 de enero la reforma constitucional estará ingresada”, precisó, agregando que el objetivo es cerrar este debate durante el mes.
“El periodo que tenemos para resolver esto es durante enero, de modo que la próxima administración tenga el problema resuelto, desde el punto de vista de la dependencia, y simplemente quede la implementación”, explicó.
El titular de Seguridad Pública recalcó que uno de los efectos inmediatos de la reforma será la redefinición del estatus constitucional de Gendarmería como institución de orden y seguridad pública.
“Lo más relevante, más que la dependencia, es que la calificación constitucional tendrá efecto inmediato”, sostuvo.
Cordero también buscó despejar inquietudes entre los funcionarios, asegurando que los cambios no implicarán retrocesos en sus condiciones laborales.
“No significa ninguna pérdida de beneficios y derechos para los funcionarios”, afirmó. No obstante, aclaró que sí habrá consecuencias propias de ese estatus institucional.
“Las instituciones de orden y seguridad pública no pueden tener asociación de funcionarios. No se puede tener un sindicato con armas. Ese es uno de los impactos directos”, puntualizó.
Finalmente, el ministro insistió en la urgencia legislativa de la iniciativa.
“Debería quedar resuelta en este periodo legislativo. Es conveniente para el país, es una reforma indispensable”, puntualizó.
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