Entre las deficiencias están la falta de inspecciones en terreno a tres empresas de agua potable, la no mantención de criterios de priorización y los retrasos en la atención de reclamos por parte de clientes.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer una serie de deficiencias en el control de la calidad del agua potable que debe realizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
La División de Infraestructura y Regulación revisó la labor fiscalizadora de la SISS respecto de tres empresas sanitarias que operan en distintas regiones de Chile, entre enero de 2024 y julio de 2025.
Así, evidenció que la institución “no efectuó inspecciones en terreno a las instalaciones de agua potable de Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A., pese a la existencia de condiciones que eventualmente podrían afectar la calidad y continuidad del suministro”.
A ello se suma que la Superintendencia no mantiene “criterios formales de priorización que orienten su labor fiscalizadora, situación que podría incidir en la selección de los servicios sanitarios sujetos a evaluación”.
Y que no se derivaron antecedentes de eventuales incumplimientos a los organismos correspondientes en la materia, como las seremis de Salud o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Adicionalmente, existió un “desfase significativo” en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, situación que “podría afectar la oportunidad de la adopción de medidas correctivas y el inicio de eventuales procedimientos sancionatorios”.
La Contraloría también identificó retrasos en la atención de algunos reclamos de usuarios, con respuestas que fueron enviadas después de los plazos establecidos.
De esa manera, la CGR instruyó a la SISS adoptar “medidas correctivas destinadas a fortalecer sus procesos de fiscalización, regularizar los mecanismos de derivación a otras instituciones, mejorar la oportunidad de las evaluaciones y sanciones, y asegurar el cumplimiento de los plazos de atención ciudadana”.
La SISS tendrá un plazo de 60 días hábiles para entregar antecedentes sobre el estado de implementación de dichas medidas.
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