El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a los proyectos sobre seguridad escolar presentados por el Ejecutivo. Desde su perspectiva, las iniciativas contienen principalmente “sanciones”, pero no abordan “el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad”.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió al anuncio del Gobierno de José Antonio Kast respecto a iniciativas para mejorar la seguridad en los recintos educacionales, ante el aumento de casos de violencia escolar.
En ese contexto, cuestionó que el enfoque se limite a “simplemente medidas de sanciones, medidas que apuntan a los efectos, pero no a las causas”, dado que, desde la perspectiva del gremio docente, carece de herramientas para abordar la problemática de salud mental que enfrenta la comunidad educativa.
“Hay que abordar el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad, y que se traduce en serios problemas que se evidencian en los colegios, y el caso de Calama creo que lo demuestra dramáticamente”, enfatizó.
Por otro lado, Aguilar destacó que también debe considerarse el tema del currículum.
“Hoy tenemos una escuela cuya presión que hace el sistema es al rendimiento, a la productividad, a rendir en las pruebas estandarizadas, a competir, a hacer lo que sea por subir unos pocos puntos, a ser mejor que la escuela al lado, desatendiendo el aspecto humano, que nunca debe perderse en la educación”, sostuvo.
Asimismo, expuso: “Estas medidas se quedan pobres, sin perjuicio de que algunas puedan ser necesarias, de las que se han anunciado, pero también hay otras muy tramposas, como, por ejemplo, cuando se mezcla cualquier manifestación que pudiera producir una interrupción de clases”.
Detalló que, según la iniciativa del Ejecutivo, se califica de la misma manera un acto de violencia y una manifestación pacífica, que puede ser organizada por estudiantes o docentes en pos de mejoras en los espacios educativos.
“Esa mezcla nos parece tramposa y atenta contra derechos fundamentales. También creemos que es un grave error sancionar de por vida a una persona; por ejemplo, un joven que a los 14 años hubiese cometido una falta o, incluso, un delito, quedará sancionado de por vida respecto al derecho a la gratuidad, lo cual nos parece incluso que podría ser inconstitucional”, argumentó.
¿Qué dice la iniciativa del Gobierno?
Durante este martes, el Presidente José Antonio Kast, junto a las ministras María Paz Arzola (Educación) y María Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y al titular de Justicia, Fernando Rabat, presentaron un proyecto que propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares.
La iniciativa “Escuelas Protegidas” propone la revisión de mochilas con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros y/o dañar la infraestructura escolar. Dicha medida deberá incorporarse al reglamento interno de cada establecimiento educativo.
Lee también:Gobierno presentó proyectos sobre seguridad escolar: Busca que condenados por delitos no puedan acceder a gratuidad universitaria
Asimismo, la propuesta instruye sanciones por interrupción de clases: “Aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo”.
Además, incorpora como requisito para acceder a la gratuidad no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.