La diputada Catalina Pérez (RD) volvió a sus labores legislativas luego de estar 21 días fuera de la Cámara de Diputadas y Diputados por una licencia médica, en el marco de las indagatorias por el caso Convenios.
El caso fue dado a conocer el 16 de junio, cuando el medio Timeline reveló que la fundación Democracia Viva, ligada a su expareja, Daniel Andrade, recibió un convenio vía trato directo por parte del Minvu de Antofagasta por más de 420 millones de pesos.
Tras los cuestionamientos y las presiones políticas para que renunciara a la mesa directiva de la Cámara, la parlamentaria presentó una licencia médica el pasado 3 de julio, la que culminó este lunes 24.
El pasado 11 de julio, la Comisión de Ética de la corporación sancionó a la diputada con la aplicación de censura y multa del 15% de su dieta parlamentaria.
En la instancia, el diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la comisión, Nelson Venegas, informó que Pérez “no procedió a contestar el requerimiento de oficio que se realizó, por lo tanto, se entiende haber actuado en rebeldía y al no defenderse, se estima por lo tanto que habría ciertas contravenciones a normas éticas que debemos tener entre nosotros y que afectan fundamentalmente la credibilidad de la corporación”.
Además, indicó que el caso de la diputada “podría ser considerado como el conflicto de interés, más allá de tráfico de influencia“.
En el ámbito judicial, el 10 de julio se dio a conocer que la parlamentaria, pese a no estar en calidad de imputada o testigo en la investigación, contrató a dos de los abogados que defendieron a Pablo Wagner en el caso Penta, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
El Ministerio Público indicó que la diputada es un “foco de interés” en el caso.
Una vez en la Cámara, Pérez evitó hablar con los medios y manifestó que “he vuelto a trabajar, no voy a dar más declaraciones por el momento“.
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