Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales, acusó al Ejecutivo de actuar sin análisis técnico al imponer un arancel a las compras internacionales de jurel, lo que —según advierte— afectará directamente la operación anual de la industria en la Región del Biobío.
La presidenta del gremio de pescadores industriales, Macarena Cepeda, criticó duramente la aprobación de una nueva patente aplicada al jurel en el marco de la ley de fraccionamiento pesquero, actualmente en trámite legislativo. En conversación con CNN Chile Radio, calificó la medida como una “improvisación del Ejecutivo” que afectará especialmente a la Región del Biobío.
“Vamos a pasar de operar 8 meses al año a solo 4. Esto es un retroceso para la industria pesquera y particularmente para la industria del consumo humano en torno al jurel”, advirtió la dirigenta.
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Según explicó, la medida no fue discutida técnicamente en la Comisión Mixta y fue incorporada a última hora como una forma de compensar un eventual menor ingreso fiscal producto del traspaso de cuotas del sector industrial al artesanal.
Sin embargo, aseguró que el propio gobierno había proyectado ingresos adicionales para 2025, y que no existe déficit alguno que justifique la medida.
Cepeda detalló que la patente funciona como un arancel sobre la compra internacional de jurel, lo que representa una traba para las empresas que adquieren este recurso desde otros países miembros de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP).
“Chile recibe anualmente entre 200.000 y 250.000 toneladas de jurel desde países miembros de la ORP. Esa transferencia permite a muchas empresas extender su operación anual, incluso duplicarla. Esta nueva patente lo impide”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que el impacto será directo en el Biobío, región donde se desembarca cerca del 80% del jurel del país y donde se ha desarrollado una industria orientada al consumo humano: conservas, congelados y exportación.
#CNNChileRadio | Presidenta del gremio de pescadores industriales, Macarena Cepeda: “Que el estado financie el menor ingreso que generará la ley de fraccionamiento”
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La representante del gremio criticó que el gobierno haya planteado esta medida sin evaluar sus consecuencias contractuales ni comerciales: “Hay contratos vigentes hasta 2027 con países de la ORP que podrían verse afectados. ¿Se consideró esto? ¿Se evaluó su impacto en tratados internacionales?”, cuestionó.
Cepeda además señaló que esta política contradice el mensaje del gobierno de impulsar el consumo humano: “El sector artesanal no tiene la tecnificación necesaria para convertir ese jurel en alimento. Estamos perdiendo capacidad productiva y encareciendo el proceso”, concluyó.
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