El panelista de Tolerancia Cero remarcó la obligación que mandata la Constitución de tramitar una ley orgánica que "establezca multas por no votar y determine qué electores estarán exentos de ellas". En caso de no cumplir con aquello, advirtió, se estaría incurriendo en un "flagrante abandono de deberes".
En enero 2023 una reforma a la Constitución estableció que “el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos” y que “una Ley Orgánica Constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por incumplimiento de este
deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”.
El Gobierno y el Congreso desobedecen un mandato constitucional si no legislan para establecer multas por no votar.
Por eso es escandaloso que el ministro Elizalde condicione la aprobación de multas a otra reforma constitucional que le quite el derecho a voto a los migrantes en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Han votado en 8 elecciones presidenciales y 9
parlamentarias, es completamente improcedente cambiar las reglas del juego a pocos días del 18 de agosto, fecha de cierre de la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias.
El Gobierno y el Congreso tienen la obligación constitucional de tramitar ahora una ley orgánica que establezca multas por no votar y determine qué electores estarán exentos de ellas, como dice la constitución. De no hacerlo, incurrirían en flagrante abandono de
deberes.
La discusión acerca de las elecciones en que los migrantes tengan derecho a participar y cuáles son los requisitos para hacerlo es muy legítima. Pero es completamente ilegítima cuando se hace calculadora en mano, cuando después de años celebrando la generosidad de
Chile por permitir la participación política de los migrantes, el Gobierno descubre súbitamente que deben participar sólo los chilenos y algunos diputados socialistas incluso llegan a justificar eso con argumentos prestados del repertorio discursivo de la ultraderecha
nacionalista.
Presidente Boric: con todo respeto, cambiar las reglas del juego en la víspera de que éste comienza es impropio de un país como el nuestro y de un presidente con convicciones democráticas como usted. El gobierno debe ser el primero en respetar el estado de derecho cumpliendo el mandato de la reforma constitucional, tramitando la ley orgánica que establece multas para quienes no voten y determina quiénes quedan exentos de sanción, para que la obligatoriedad no sea letra muerta. No hacerlo sería notable abandono de su deber.
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