Según explicó, sobre el otorgamiento de este beneficio a otros condenados por violaciones a los Derechos Humanos, ellos “están en su derecho a intentarlo”, pero enfatizó que “cada vez que alguno de los autores del homicido del general Prats y su señora pidan libertad, nosotros vamos a hacer nuestro derecho a oponernos cuando se nos informe”.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.