En conversación con CNN Chile Radio, Natalia González sostuvo que “es crucial que las renuncias no se cursen antes de que el sumario haya comenzado”.
Natalia González, presidenta Consejo para la Transparencia (CPLT), abordó el escándalo por las licencias fraudulentas, afirmando que “abre una oportunidad para modernizar el Estado”.
El escándalo estalló hace una semana cuando la Contraloría reveló que 25.000 funcionarios viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban de baja médica.
En conversación con CNN Chile Radio, González partió señalando que en la organización que dirige “aparece en el listado con tres funcionarios, dos que no trabajan en el Consejo hace ya un tiempo y otro que está siendo sujeto hoy a una investigación sumaria”.
Por otra parte, sostuvo que los procedimientos administrativos en el sector público, no necesariamente en el caso puntual del Consejo, son “relativamente lentos y engorrosos (…), por lo que iniciarlos lo antes posible es muy relevante porque si esto va a derivar en alguna sanción, tú necesitas haber iniciado el sumario”.
“Quienes eventualmente hayan renunciado antes de que se hayan comenzado los procedimientos sumarios podrían quedar sin este elemento sancionatorio. Por eso es crucial que las renuncias, ojalá, no se cursen antes de que el sumario haya comenzado, porque esto puede derivar en consecuencias bien severas para el funcionario”, añadió.
Valoró que Contraloría efectúe este tipo de investigaciones de forma periódica, ya que “lo que generan estos informes es un efecto disuasivo de entrada”. “Es bueno que se anuncie que esto se va a hacer año a año para que el incentivo no se diluya y en un par de años más vuelvan a verse las mismas conductas perversas que hemos visto estos días”.
Destacó que el estatuto administrativo “no está necesariamente preparado para un gran volumen de sumarios al mismo tiempo”, por lo que “esto también abre una oportunidad para modernizar el Estado. Llevamos diciendo esto hace muchos años y, sin embargo, esa agenda parece ralentizada, parece tener estos peaks en los momentos en que estallan casos como estos, los proyectos entran al Congreso, pero luego la tramitación no va a la par del ritmo que uno esperaría que tuvieran con la magnitud del fenómeno, del escándalo”.
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