El panelista de Tolerancia Cero realizó una reflexión sobre el rol de los medios tras la publicación de un reportaje sobre los chats entre Cariola y Hassler. Además, se refirió a la insinuación de Orrego de que los medios podrían estar pagando a fiscales para filtrar información.
Políticos de distintas tendencias salieron a repudiar la filtración de conversaciones por chat entre la diputada Karol Cariola y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Los más efusivos han sido políticos de izquierda, pero también se han sumado dirigentes como el precandidato presidencial DC, Alberto Undurraga, y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quienes han dicho que los diálogos entre Cariola y Hassler, cuando critican al Presidente y otras autoridades, no serían de interés público.
Creo que están en un error.
Los chats publicados por La Tercera tienen como protagonistas a dos funcionarias públicas, una diputada y una alcaldesa, remuneradas con dinero de los contribuyentes, que se refieren a políticas públicas implementadas por otros funcionarios públicos, como el Presidente de la República, la ministra Vallejo y un asesor de la Presidencia.
Cariola y Hassler criticaban al gobierno, por ejemplo, por el modo en que se indultó a presos del estallido de octubre. Es evidente que es información de innegable interés público. Y las funcionarias públicas Cariola y Hassler no pueden alegar una vulneración de su intimidad.
En esto hay abundante jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos, ha dicho que hay un umbral diferente de protección de la intimidad entre las personas comunes y los funcionarios públicos. La Corte ha dicho que aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.
Por eso, los cuestionamientos a las periodistas que publicaron los chats son injustos, y las amenazas que han recibido son inaceptables. Y una cosa más: la insinuación del gobernador Claudio Orrego de que los medios podrían estar pagando a fiscales para que filtren, es un insulto a quienes ejercemos el periodismo profesional.
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