En su minuto editorial, la periodista advierte sobre la expansión del crimen organizado, la complicidad institucional y la falta de reacción del poder civil.
Los secuestros ya no ocurren solo entre extranjeros. Ahora, los secuestrados son chilenos. Así lo advirtió la Fiscalía, a partir del caso que afectó a Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul, quien preliminarmente habría contratado servicios sexuales que luego fueron utilizados para extorsionarlo.
Es decir, hoy se ofrece el paquete completo: le ofrecemos damas de compañía, lo grabamos y luego lo chantajeamos para obtener dinero ilícito. Es un hecho concreto que las bandas venidas de otros países del continente están cerrando con éxito su negocio: empresas criminales lucrativas que avanzan sin mayor problema.
Otra novedad de los últimos días: cinco funcionarios de la Fuerza Aérea fueron detenidos y dados de baja por trasladar droga en vuelos institucionales. Vuelos cuyo financiamiento, horas hombre y combustible pagamos todos nosotros con nuestros impuestos.
Una institución armada, encargada de proteger al país del enemigo externo, se entrega a este para participar de su lucrativo negocio.
Hace dos semanas fueron seis funcionarios del Ejército en el norte. En enero, 14 carabineros, todos uniformados y activos, involucrados —con alta probabilidad— en redes de narcotráfico que operan en el norte del país bajo el alero de bandas de crimen organizado. Se nos dice que lo positivo es que estas situaciones fueron descubiertas desde dentro de las propias instituciones.
Ok, eso está bien. Pero la reacción de la autoridad —uniformada y civil— ha sido la misma de siempre: tratarlo como un caso de rutina, informar lo mínimo, calificarlo de “grave” y básicamente dejarlo ahí.
¿Qué grado tenían los funcionarios de la FACh detenidos? ¿Qué ha pasado con los del Ejército hace un par de semanas? ¿Por qué no somos merecedores de más información como ciudadanos?
No basta con que el ministro del Interior diga que se están redoblando los controles. No basta con que se diga que, dada la gravedad del hecho, la ministra de Defensa está en contacto con los altos mandos. Eso es una obviedad, un mínimo, como si nos hicieran un favor interrumpiendo su fin de semana para emitir una declaración grabada por algún encargado de prensa.
¿No sabemos más porque la investigación es reservada? ¿A quién protege esa reserva? ¿Por qué los comunicados de las instituciones uniformadas son escritos y nadie está disponible para responder preguntas?
No es suficiente, ministros. Si la situación es tan grave como la califican, exigimos actualizaciones diarias con antecedentes y avances. Se pide que el asunto no se politice en año electoral. Entonces, el poder civil —la autoridad civil— va a tener que tomar el control de una manera que resulte creíble para la ciudadanía. Y eso no se logra con pequeños actings comunicacionales que quedan en nada.
#CNNChileRadio | Cuestión de opinión de Urrejola por detención de 5 funcionarios de la FACh: “Una institución armada, encargada de cuidar al país del enemigo externo, se entrega a este para participar de su lucrativo negocio”.
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— CNN Chile (@CNNChile) July 7, 2025
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