Varios candidatos y candidatas a la Convención Constitucional se postulan por un cupo para el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna llevando como bandera de lucha la causa en la que llevan años involucrados.
Algunos promueven los derechos de cuidadoras y cuidadores de enfermos y adultos mayores, otros la preservación de semillas y la autonomía alimentaria.
Hay un académico de la Universidad de Concepción que defiende el uso medicinal de la marihuana, así como también una doctora que lidera una red de médicos que están a favor del aborto seguro.
Basándonos en la plataforma Votamos Tod@s, que llama a los constituyentes a dar conocer sus ideas y hacer “match” con sus electores, en CNN Chile conversamos con algunos de ellos para conocer sus propuestas.
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Derechos sexuales y reproductivos
Libertad Méndez (Comunes), candidata por el distrito 13 que va por la Lista Apruebo Dignidad, es ginecóloga y dirige la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, una agrupación médica que aboga por derechos sexuales y reproductivos y por el derecho a aborto seguro de las mujeres.
“Los derechos sexuales y reproductivos son importantes porque nos permiten desarrollar una afectividad, sexualidad, reproducción e identidad de forma segura, sin discriminación y con información para decidir. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los Derechos Humanos, y el goce de ellos debe estar garantizado, así como otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud”, afirmó la doctora.
En la misma línea, Méndez señala que “actualmente las mujeres y disidencias sexuales somos excluidas de la Constitución, como si fuéramos personas de segunda categoría. Por eso es que nuestros derechos deben ser visibilizados. Entre ellos, tener educación sexual integral desde la primera infancia acorde a las etapas vitales, previniendo así abusos hacia los menores y enseñando a tener relaciones más sanas libres de violencia de género, desde la adolescencia y hasta nuestra adultez”.
“Esto incluye la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida, asegurando acceso a anticonceptivos de calidad en el servicio público, poder elegir cuando maternar o no, si es que no queremos; incluye poder expresar nuestra orientación y expresión de género como lo deseemos, sin sufrir bullying ni discriminación para acceder a un trabajo o cualquier otro derecho básico, a los que la población LGTBIQ+ tiene difícil o nulo acceso, principalmente por barreras culturales y educativas”.
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Sobre cómo piensa plasmar esto en la nueva Constitución, la ginecóloga dijo que “todas las personas tendrán un acceso igualitario a sus derechos sexuales y reproductivos, desde la primera infancia, brindando una educación sexual integral que proteja a niños, niñas y adolescentes de posibles abusos, que otorgue libertad y herramientas a todas las personas para el ejercicio pleno y libre de su sexualidad, y el derecho a decidir cuándo, cómo y con quiénes quiere formar vida en común”.
“El estado garantizará la salud sexual y reproductiva en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo un trato con enfoque de derechos desde el personal de salud pública”, apuntó.
Defensa de las semillas y cultura alimentaria
Patricia Núñez, candidata al distrito 9 por el Partido Ecologista Verde, es activista en la defensa de las semillas y la soberanía alimentaria. Se declara agro-ecóloga y dirige la Escuela de Activismo Agroecológico Reberde.
En relación a su motivación para postular a la CC, cuenta que “yo soy una defensora de las semillas desde hace más de 20 años, en los que he estado en la calle peleando por la defensa de las semillas y de una vida en dignidad, por el agua, los territorios y también contra el TPP. Han sido muchos años de resistencia y también de asedios policiales”.
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“Tomando en cuenta todo eso y viendo todo lo que está sucediendo, y aunque este proceso no es el que queríamos, podría enfrentarme a estar dentro de este proceso y poder hacer un cambio dentro de esta Constitución. Por mis hijos, por los hijos de otras personas y por los derechos de la madre naturaleza es que yo quiero ser constituyente, porque de verdad quiero correr este cerco de la desigualdad, en todos los sentidos”, indicó.
Núñez explica que para llevar a cabo su causa a la nueva Carta Magna se basa en otras experiencias internacionales. “Mi defensa importante va por los derechos de la madre tierra y de la naturaleza. Eso ya está en otras constituciones, donde nada se destruye y los países están igual de bien. Porque uno va con eso y algunos dicen que se va a acabar esto o que van a haber graves problemas, y eso no es así”.
“Lo que pasa es que hay que tratar que los derechos de la naturaleza se recuperen y que también nosotros tengamos derecho a la naturaleza, pero de manera respetuosa y no de esta manera tan extractivista. Con respecto a las semillas, la idea es plasmar en la Constitución que todas las semillas sean de los pueblos, de la gente y no de las empresas. Es cerrar un poco la alternativa de que entren los transgénicos así como a destajo y que nosotros podamos tener más información”, manifestó.
En la misma línea anterior está la propuesta de la viñamarina Sofía Bustos (IND), candidata por el distrito 7 y fundadora de la ONG Actuemos, que también promueve la cultura alimentaria. “Alimentarnos es vital para poder vivir y es a su vez un acto complejo, que involucra la forma en que producimos nuestros alimentos, la forma en que los alimentos se transportan, cómo y dónde estos alimentos se comercializan y luego cómo las personas los consumimos”.
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“La globalización y los actuales modelos de producción y comercialización han impactado directamente en la forma que nos alimentamos, impactando en la salud de las personas y en las economías de los territorios. El valorar los alimentos y promover sistemas alimentarios saludables, justos, sostenibles, la pertinencia territorial y cultural es vital para generar modelos de desarrollo adecuados que permitan a las personas acceder a alimentos de mejor calidad a precios accequibles”, aseveró.
Bustos explica además que “el derecho a la alimentación se considera un derecho humano que el Estado debe garantizar y que debería estar explícito en la Constitución Política. Este derecho se relaciona con la seguridad alimentaria y con la soberanía alimentaria, toda vez que pretende asegurar a las personas y a las comunidades la cantidad y calidad adecuada de alimentos saludables, sin discriminación de ningún tipo y con pertinencia cultural, para asegurar una vida satisfactoria a todos y todas”.
“Además, este derecho hace referencia a la protección de la producción nacional agropecuaria y pesquera y a garantizar sistemas alimentarios justos, inclusivos, sostenibles y biodiversos”, indicó.
Derechos de los cuidadores de adultos mayores
Mariela Serey, oriunda de Villa Alemana y candidata como independiente en cupo de Convergencia Social por la lista Apruebo Dignidad en el distrito 6, es fundadora de la Asociación Yo Cuido, que aboga por los derechos de las y los cuidadores de enfermos y adultos mayores. Promueve el reconocimiento del trabajo de cuidados, “que hoy es invisible ante la legislación chilena, no somos considerados como sujeto de derecho dentro del impacto que conlleva cuidar de manera permanente”.
“Se deben incorporar las necesidades de las personas mayores y aquellas indicaciones que se han considerado en la convención sobre los derechos de la vejez en materia internacional. No hay ningún derecho que garantice algún tipo de facultad que tenga que ver con las necesidades de las personas mayores”, afirmó.
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“Por eso, cuando hablamos de una Constitución realmente inclusiva, es la oportunidad para lograr una transformación social transgeneracional, que se materialice en el reconocimiento de los derechos fundamentales de personas mayores, no sólo en lo normativo, sino también en lo práctico. Necesitamos reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos de las personas mayores y para ello, la temática del envejecimiento y vejez debe ser intersectorial”, indicó.
A su vez, Serey manifestó que los adultos mayores “son la base para la sociedad, con sus saberes y experiencias debemos hacer las bases para el futuro que queremos y donde nadie mas se sienta afuera”, y agrega como consigna: “Hasta que envejecer con dignidad se haga costumbre”.
Autocultivo terapéutico de cannabis sativa
Por último está Fernando Sepúlveda, bioquímico y académico de la Universidad de Concepción, quien además es doctor en Ciencias y dirigió la Fundación Ciencias Para la Cannabis. Una de las causas en las que, si bien no es una de las principales que promueve, tiene una posición es en la legislación respecto al cultivo de la marihuana para uso terapéutico.
“El autocultivo es una estrategia válida para producir un vegetal como la cannabis sativa, planta que presenta principios activos que en su forma individual o en una forma de extracto completo presentan propiedades terapéuticas comprobadas”, afirmó el postulante a la CC por el Partido Ecologista Verde en el distrito 20.
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“El Estado debería ser garante de generar las condiciones para las personas soberanamente puedan ejercer sus derechos de autodeterminar cómo quieren tratar sus dolencias o enfermedades y proveer a las personas de un escenario jurídico que les permita realizar esta actividad de manera segura y sin ser criminalizados. En este sentido, la ley 20.000 en la interpretación que ha hecho la Corte Suprema desde 2019 es que no habiendo lesividad a la salud pública, el actual marco regulatorio permite el cultivo de cannabis sativa con fines terapéuticos si este es personal, próximo en el tiempo (art. 8) y es para un debido tratamiento (art. 8 y 50)”, detalla.
Al ser consultado por cómo plasmaría su causa en la nueva Constitución, Sepúlveda explica que “el límite que tiene el Estado con la soberanía personal consagrada en la actual Constitución (art. 1ro, n4; art. 5to, n2) y en el derecho internacional (art. 11, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948) no debería ser transgredido. Sin embargo, esto no ocurre. Por este motivo debe quedar establecido en la nueva Constitución de manera explícita que ningún agente del Estado pueda interferir con la soberanía personal a menos que exista comprobación de daños a terceras personas o algún bien jurídico protegido como la naturaleza”.
“En la búsqueda del bienestar y la salud, el Estado a través de la nueva Constitución podría consagrar el derecho a autodeterminar varios aspectos de la salud de las personas. Por ejemplo, el aborto y la eutanasia son dos ejemplos hoy discutidos, pero nuestra candidatura, en caso de ser electos, trabajará para que las personas en situaciones de enfermedad puedan decidir cómo tratar sus dolencias mediante estrategias que cuentan con evidencia científica comprobada y que no son lesivas para la sociedad como ha sido ratificado por la Corte Suprema chilena anteriormente”, apuntó.
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