Por María José Azócar
Agencia UNO
Publicado por paulalepe

En las últimas semanas se han hecho conocidas una serie de quiebras de bancos en Estados Unidos y otras complicaciones financieras de bancos en Suiza y Alemania. Ante esto, autoridades económicas en Chile han manifestado que el sistema bancario chileno en ningún caso comparte los problemas de otros países, porque en el país todos los bancos se rigen por el protocolo “Basilea III” y, por ello, el sistema mostraría más solidez y menos riesgo que sistemas bancarios suizos, alemanes y estadounidenses.

Desde Fundación SOL queremos contribuir con elementos adicionales a este debate. Para esto, en la primera parte de esta columna, explicaremos en qué consiste el protocolo de “Basilea III” y en qué contexto de relaciones de poder se enmarca. En la segunda parte, haremos una reflexión más general respecto a la institucionalidad bancaria en Chile. Proponemos que desde hace años vivimos en una situación crítica de alta concentración de poder económico en el país y que esto tiene consecuencias, no sólo en momentos de incertidumbre – como el actual- sino también en momentos de crecimiento, estabilidad y ganancias para la banca.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se formó en el año 1974 y hoy reúne a las autoridades de los bancos centrales de 28 jurisdicciones (Chile no forma parte de este selecto grupo). Este Comité junto con el Fondo Monetario Internacional, se consideran como dos lugares cruciales que definen las reglas globales de gobernanza financiera.

El protocolo de “Basilea III” se creó en respuesta a la crisis del año 2007-8. Para armar este acuerdo, se llevó a cabo un mecanismo de consulta que incluyó a personas de la academia, la industria financiera, organismos no gubernamentales, entre otros. Una investigación examinó ese proceso de consulta y concluyó que la mayoría de las respuestas al borrador del protocolo provino de personas de países ricos y ligadas a la industria financiera, en particular, bancos (Bengtsson, 2013). Dicho de otra forma, la experiencia de Basilea III nos muestra cómo funciona la captura regulatoria a nivel internacional, por ejemplo, banqueros de países ricos han tenido una participación directa en la definición de las reglas internacionales que los regulan.

Este protocolo ha sido citado por autoridades económicas chilenas porque, entre otras cosas, definió nuevas exigencias a instituciones bancarias en materias de capital, coberturas, riesgo y liquidez. Por ejemplo, este protocolo exigió a los bancos mantener más capital, más activos líquidos y coberturas ante riesgos para que, ante eventos externos (como un alza pronunciada y sistemática de tasas de interés o una crisis de confianza entre las personas que tienen su dinero en los bancos), los bancos puedan deshacerse rápidamente de sus activos sin que éstos pierdan valor y satisfacer requisitos de liquidez. Entonces, el argumento de las autoridades chilenas es que, a diferencia de lo que ha ocurrido estos días con bancos extranjeros, los bancos en Chile sí estarían preparados ante emergencias porque siguen las reglas de Basilea III definidas por un selecto grupo de banqueros de países ricos.

Esta respuesta plantea al menos tres problemas. Primero, Credit Suisse, banco suizo que fue comprado por su competencia debido a complicaciones financieras, sí se regía por el acuerdo de Basilea. Visto así, antes que la mera firma de un protocolo, lo importante es saber cómo se fiscaliza el acuerdo de Basilea en Chile y cómo se pone en práctica una clara separación entre reguladores y regulados.

Segundo, el acuerdo de Basilea fija mínimas reglas (repetimos mínimas), en un contexto donde además la quiebra de bancos no es un hecho aislado. Por ejemplo, en Estados Unidos desde el año 2001 en adelante han quebrado 563 bancos (ver aquí la lista).

Tercero, efectivamente bancos en Chile siguen altos estándares en materia de resguardos de capital, cobertura y liquidez. Sin embargo, también es cierto que el poder económico está muy concentrado en el país y existen altos grados de integración de negocios financieros, lo que nos permite ampliar el concepto de “riesgo” o “crisis” económica.

Este último punto se puede ilustrar a partir del sistema de capitalización individual de la seguridad social. Las compañías de seguros de vida son una pieza clave del sistema de pensiones en Chile y los grupos económicos que son dueños de algunas de esas compañías son también dueños de bancos. Por ejemplo, el grupo Matte es dueño del banco Bice y de Bice Vida Compañía de Seguros; el grupo Consorcio -conformado por Fernández-León, Garcés Silva y Hurtado Vicuña- es dueño del Banco Consorcio y dos compañías de Seguros de Vida: Consorcio Nacional y CN Life; y el grupo formado por Pavez Recart, Matsumoto y Marín Correa es dueño del banco Security y de la Compañía de Seguros de Vida Security. Sumado a esto, los grupos económicos antes nombrados tienen propiedad de una amplia gama de otras empresas en las que, por ejemplo, invierten las AFP. En otras palabras, el negocio previsional en Chile ha permitido generar condiciones de alta concentración de poder, cuestión que —a lo menos— levanta preocupantes alarmas sobre posibles conflictos de interés.

Un efecto directo de esta situación es que los bancos en Chile han tenido millonarias utilidades en un contexto donde la mitad de las personas ocupadas gana menos de 460 mil pesos al mes y cerca de un 10% de la clase trabajadora está cubierta por un acuerdo colectivo. Es decir, la riqueza de los dueños de bancos se sustenta en relaciones de explotación, cuestión que, desde nuestra perspectiva, es signo de una evidente y brutal crisis de la que bancos son actores cómplices.

A propósito de las quiebras y complicaciones financieras de bancos en Estados Unidos y otros países, las autoridades económicas nos repiten el mantra de Chile como el “niño mateo del barrio” para validar argumentos del tipo “Basilea III está presente” y, entonces, no hay crisis en el país. Estas respuestas hacen una pobre contribución a un debate democrático y nos recuerdan una de las tantas ramificaciones de lo que implica la actual concentración de poder económico y político en Chile.

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