La comisión investigadora por el Caso Convenios ofició a Contraloría para que se inicie un “procedimiento administrativo sancionador” en contra del jefe de asesores de La Moneda por ausentarse de la instancia. El contralor Bermúdez dijo que “cualquier persona que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas independiente de la denominación que tenga su cargo”.
Ante la ausencia del jefe de asesores del Segundo Piso del Palacio de La Moneda, Miguel Crispi, a la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa el denominado Caso Convenios, la ministra Camila Vallejo (Segegob) fue enfática en sostener que “aquí no hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado transparentemente”.
La semana pasada, el militante de Revolución Democrática (RD) no asistió nuevamente a la instancia donde se comprueba la situación de los contratos y traspaso de recursos públicos por parte de entidades del Estado a organizaciones privadas.
Al respecto, la comisión acordó, por seis votos a favor y tres en contra, oficiar a la Contraloría General de la República (CGR) para que se inicie un “procedimiento administrativo sancionador” en contra del exsubsecretario.
Crispi también enfrenta un proceso judicial a raíz de la querella que presentó el Partido Republicano en su contra, de Javiera Martínez, directora de Presupuestos, y de Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social y Familia.
Ante el oficio de los parlamentarios, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expresó: “No quiero parecer dogmático, pero es una convicción. En un estado democrático uno de los principios fundamentales es rendir cuentas, dar cuenta significa: dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma”.
“Cualquier persona que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas independiente de la denominación que tenga su cargo“, añadió.
Durante la visita de Estado del presidente Gabriel Boric y su delegación a China, la ministra Vallejo sostuvo, en relación con la situación de Crispi, que como administración, respetan “la labor no solamente del contralor, sino que de la Contraloría General de la República y como Gobierno siempre hemos estado y estaremos disponibles a responder todos los requerimientos de la Contraloría o las consultas”
“Ustedes saben que además, el asesor en cuestión ha respondido por escrito y ha rendido información ante el Poder Legislativo sobre las consultas que se le ha hecho de manera extensa. Y por cierto, que frente a la inquietud de la consulta de la Contraloría habrá respuesta formal como corresponde”, añadió.
La vocera también manifestó que “más allá de la presencialidad”, el deber de rendición se ha cumplido de alguna manera al responder formalmente a la comisión, “y por escrito varios de los elementos, inquietudes, que ha presentado el Congreso Nacional. Entonces, respecto a si hay un deber de asistencia presencial o no, es algo que se le responderá formalmente a la Contraloría“.
Finalmente, “aquí no hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado transparentemente. Entonces el resto termina siendo un problema de la política pequeña y nosotros creemos en la gran política”
“Creemos que los intereses del país no pueden estar en juego producto de eso y, por lo tanto, no solo esperamos que se avance la Ley de Presupuesto, porque estamos planteando un aumento de 5.8% del presupuesto nacional. Es un presupuesto que expande el gasto público con perspectiva de reactivar la economía para generar empleo. Ahí está la centralidad y la prioridad de nuestro gobierno. Si no es la prioridad de un sector de la oposición o algún sector del Congreso. Bueno, esperamos que haya una profunda reflexión sobre cómo ordenamos nuestras prioridades en el país“, concluyó.
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