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A través de un comunicado publicado por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular en Chile (Fesintracap) manifestaron sus críticas al proyecto de protección al empleo impulsado por el gobierno y aseguran que en él “la solución para las trabajadoras de casa particular no existe”.

“Llevamos semanas recordándoles a las autoridades que las trabajadoras de casa particular no estamos afectas a la Ley 19.728 y que por lo tanto no seremos beneficiadas de la solidaridad comprendida en el sistema de seguro social ni de los beneficios de su Fondo Solidario”, afirman.

De este modo, indican que “la solución que previó el gobierno para las trabajadoras de casa particular es recurrir a la indemnización a todo evento, conocida como el 4,11%, a la que tenemos derecho solo si nuestro contrato termina por cualquier causa, situación que ya es discriminatoria para el sector pues coloca a las trabajadoras de casa particular en un estatus diferente al resto de las y los trabajadores”.

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Además de ello, recalcan que “al parecer las autoridades aún no comprenden que solo el 56% de las trabajadoras de casa particular realizan sus labores en condiciones de formalidad y que es muy probable que solo se les cotice por el mínimo y la movilidad constante entre diferentes empleadores no asegura que el fondo del 4,11% pueda sostener más de un ingreso mensual”.

En ese sentido, señalan que “es importante recordar que recién el año 2011 el salario del sector se iguala al resto de las/los trabajadores del país, a pesar de esto el monto que reciben sigue siendo menor al legal”. Como ejemplo mencionan que “el promedio de remuneración que recibe el sector en Chile es, bajo el salario mínimo, de $270.000, eso quiere decir que el 4,11% mensual corresponde a $11.097“.

“Si la/el empleador cotizó un año completo, el monto al que podrá acceder la trabajadora será de $133.164, un 44% del sueldo mínimo legal en Chile, y que sólo alcanzará para pagar un mes de remuneración”, añaden.

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De este modo, califican la solución del gobierno como “más que insuficiente, es discriminatoria e incluso indigna” y exigen “la incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario de Cesantía”. 

Entre otras medidas también mencionan la implementación de una Renta Básica de Emergencia Digna, la disposición de fondos espaciales para fiscalizar el cumplimiento de la Ley 20.786 -que obliga a los/as empleadores a escriturar e inscribir el contrato de trabajo- y modificar la legislación interna, comprometida por el estado chileno al ratificar el Convenio 189 de la OIT.

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