El presidente de la Segunda Sala del TC, José Ignacio Vásquez, junto a los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos y Marcela Peredo, revisarán los alegatos de la defensa de Yáñez a partir de las 13:00 horas.
Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) revisará los alegatos de admisibilidad del requerimiento ingresado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para declarar inconstitucional su formalización.
La formalización del jefe policial en el marco de la investigación que se lleva en su contra por omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el llamado estallido social fue programada para el próximo 1 de octubre tras ser aplazada.
El pasado 4 de abril, Yáñez ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC, denunciando que el actuar del Ministerio Público en el caso han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías.
El 9 de abril, el TC decidió acoger a trámite el requerimiento y rechazar por mayoría de votos la solicitud de suspensión de su formalización. También decidieron que con posterioridad se pronunciarán sobre la admisibilidad del requerimiento.
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En el escrito, Yáñez afirma que la investigación en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos”.
El general también acusó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago de hacer uso del derecho “a través de un procedimiento irracional e injusto, está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.
“Recurro ante este Tribunal para garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma cornisiva ni activa. Jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno, pero por el ejercicio de mi cargo debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad interior”, agregó.
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