Este viernes, el partido Revolución Democrática emitió una nueva declaración tras la polémica entre la Fundación Democracia Viva y el Seremi de Vivienda de Antofagasta, luego de la firma de tres convenios por un monto de $426 millones.
Los militantes que participaron en la firma de dichos convenios fueron Daniel Andrade, representante legal de la fundación, y Carlos Contreras, exseremi.
“Revolución Democrática tiene tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción. Todos quienes resulten responsables, no tienen ni tendrán lugar en nuestro partido. Desafortunadamente, las malas prácticas no tienen domicilio político, no obstante la manera en que enfrentamos estas situaciones, sí marca la diferencia. Actuaremos con diligencia y celeridad, tomando todas las medidas que correspondan hasta que todas las responsabilidades sean asumidas”, señaló en su declaración pública.
En ese contexto, anunciaron: “Dada la gravedad de las acusaciones, hemos decidido presentar una querella en contra de todos aquellos que resulten responsables de los hechos aludidos, referido a los delitos investigados de oficio por el Ministerio Público”.
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Asimismo, informaron que ya se ha solicitado la expulsión del partido de los militantes involucrados en la firma del convenio, “debido a la vulneración de los estándares éticos que nuestros representantes se han dedicado a defender”.
Por otra parte, con respecto a la diputada Catalina Pérez, destacaron que “ha mostrado su disposición para colaborar en todo momento. A solicitud de la Directiva y del Consejo Político Nacional, pasará al Tribunal Supremo del partido, y su militancia será suspendida durante el tiempo que dure la investigación“.
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