AGENCIA UNO

Durante esta mañana, el Consejo Político Nacional de Revolución Democrática (RD) decidió solicitar a través del Tribunal Supremo la expulsión de la bancada al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y al representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

La decisión fue tomada después de la controversia generada por los convenios de $426 millones entre la Secretaría Regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación, presidida por la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

El partido comunicó la decisión en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, donde informaron que “nuestra normativa interna previene la corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan en su vida profesional, personal, o política”.

En esa línea señalaron que “condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios y que supongan un evidente conflicto de interés”.

“Como consejo político, hemos llegado al convencimiento de qué ambos afiliados involucrados en los convenios (…) Han infringido nuestra normativa interna vigente. Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión”, informaron.

El rol de Catalina Pérez en los convenios

Por otro lado, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, explicó que esta decisión deja de lado a la diputada Catalina Pérez, ya que con “los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy es que ella no está involucrada en esa firma de convenio. A quienes hay que hacer responsables son a quienes firmaron el convenio, la diputada no ejerce un rol de Ejecutivo, ella es Legislativo”.

Además, explicó que “no es la diputada la que firma el convenio, por eso no se le achaca a ella la responsabilidad de la firma del convenio. Por eso la misma diputada ha dicho ‘yo voy a Contraloría a que me investiguen todo, porque yo no tengo nada que ver en este asunto’.

“Lo que ha dicho ella es que no tenía conocimiento de este convenio y no ha tenido participación ni injerencia en este convenio. Eso podrá ser parte de la investigación, los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy, son que eso es así”, concluyó.

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