Distintas han sido las reacciones del mundo político luego de que Contraloría revelara en un informe que 58 beneficiarios de pensiones de gracia del estallido social tienen antecedentes penales y han sido condenados por delitos violentos.
Desde la oposición, el diputado de RN Andrés Longton afirmó a CNN Chile que el documento es “contundente” y que la situación “es un escándalo”. Además, criticó que el Ministerio del Interior no diera a conocer los antecedentes “cuando los tuvo a disposición”.
El parlamentario indicó que “nadie niega que hubo afectados en contexto de estallido social”, pero que “no puede ser que ni el INDH, ni la comisión asesora ni el Departamento de Acción Social (DAS) hayan revisado correctamente” los antecedentes para otorgar las pensiones. A su juicio, aquello “da a pensar que más allá de que no revisaron, hubo una negligencia por parte del Gobierno”.
Longton comunicó que presentarán los antecedentes a Fiscalía por “eventual prevaricación administrativa por parte de los funcionarios públicos”, y también al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que “recupere los recursos mal habidos”.
Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, calificó el hecho de “gravísimo” y apuntó a que el tema tiene que ver con la fe pública. Al igual que Longton, fue crítico en cuestionar que si la información estaba en manos del Gobierno, por qué no fue entregada a los parlamentarios.
“No se pueden relativizar las violaciones a DD.HH.”
En la vereda del oficialismo, si bien acusaron una “desprolijidad” en la revisión para la entrega de pensiones, remarcaron que no se puede negar que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante el estallido social.
La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes señaló a CNN Chile que “queda claro que hubo una desprolijidad en la gestión administrativa de estas pensiones, pero eso no nos puede llevar a pensar que no hubo violaciones a los derechos humanos y que estas no requieren una reparación integral”.
“La universalidad de los DD.HH. descansa en que fueron agentes del Estado que, de manera desproporcionada, aplicaron la fuerza generando lesiones y atentados a la integridad física de las personas”.
En ese sentido, afirmó que “independientemente de los antecedentes penales, lo que se requiere es una reparación”.
Fríes apuntó a la administración de Sebastián Piñera por el otorgamiento de los beneficios, señalando que se podría haber convocado a una Comisión de Verdad y Reparación donde, “efectivamente, se hubiera podido acreditar las víctimas de violaciones a DD.HH., y el Congreso hubiera trabajado en ello”.
Asimismo, señaló que pueden existir desprolijidades, “pero no se pueden relativizar violaciones a los derechos humanos”.
En esa misma línea, el diputado del PS Tomás de Rementería acusó que “la derecha está usando esto para decir que en Chile no hubo graves violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno del expresidente Piñera”.
Eso sí, reconoció que “hay personas que fueron unos sinvergüenzas”, y que el principal daño que se da por “esas desprolijidades es a las reales víctimas”.
“Lo primero es corregir eso en honor a las víctimas reales del estallido social del gobierno de Sebastián Piñera. No podemos permitir a la derecha revocar todas las pensiones de gracia“, concluyó.
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